Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, denuncia el colapso de las pequeñas y medianas empresas por las políticas económicas del gobierno. Advierte sobre una recesión profunda y el aumento de la incobrabilidad, mientras el Estado ignora la emergencia.
El panorama para las pequeñas y medianas empresas en Argentina es desolador. Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, no duda en calificar la situación como una «catástrofe económica» provocada por decisiones políticas. Según datos oficiales reconocidos por el secretario de Pymes, Marcos Ayerra, en el último año cerraron 13.000 empresas, lo que dejó en la calle a aproximadamente 150.000 trabajadores y afectó a sus familias.
Bilanski no solo cuestiona las cifras, sino también la opacidad del gobierno. «La AFIP debería publicar mensualmente la cantidad de empresas activas, como lo hacía hasta que este equipo asumió. Esconden la información para que la gente no se entere», denuncia. Además, señala que el secretario de Pymes, a quien describe como «un desconocido del sector», minimiza el problema con declaraciones ambiguas.
La crisis no es nueva. Bilanski recuerda que ya en agosto del año pasado se habían cerrado 10.000 pymes, pero el gobierno ignoró las advertencias. «Le pedimos que declarara la emergencia pyme, pero se hicieron los distraídos», afirma. Hoy, las consecuencias son palpables: el 70% de las pymes no tuvo rentabilidad en el segundo trimestre, y el 19% despidió personal, frente a solo un 14% que incorporó trabajadores.
La capacidad ociosa de la industria ronda el 53%, y sectores clave como el comercio y los servicios registraron caídas del 15% en sus ventas. «Están destruyendo pymes para controlar la inflación antes de las elecciones», acusa Bilanski. Y agrega: «La casta no son ellos; somos nosotros: los trabajadores, los pequeños comerciantes, los industriales. Nos están pasando la motosierra por encima».
La situación financiera es otro frente crítico. El 60% de las empresas reportó plazos de cobro extendidos, y el 40% enfrenta incumplimientos. «Si tus clientes no pagan, vos tampoco podés pagar a tus proveedores. Es una cadena que, cuando se rompe, no hay vuelta atrás», explica Bilanski.
El consumo también está en crisis. Con el poder adquisitivo en caída libre, muchas familias dependen de la tarjeta de crédito para cubrir gastos básicos. «Cuando el salario no alcanza ni para vivir ni para pagar las cuotas, la mora es inevitable», advierte.
Las perspectivas son sombrías. Bilanski anticipa que la recesión se extenderá al tercer trimestre y critica la estrategia oficial de priorizar el control inflacionario y cambiario a costa del aparato productivo. «El gobierno cree que llegará a las elecciones con inflación del 2%, pero ¿qué pasa después? No habrá más pymes, ni empleo, ni recuperación», sentencia.
Sobre el destino de los recursos públicos, el dirigente es contundente: «La plata se va en pagar deuda externa y en facilitar la fuga de utilidades de grandes empresas. Mientras, recortan jubilaciones, salud y educación. Es un modelo que solo beneficia a los más ricos».
Para Bilanski, la recuperación requiere un cambio radical de rumbo: políticas crediticias accesibles, protección al mercado interno y un Estado que deje de asfixiar a los pequeños empresarios. «Sin pymes, no hay país. Y hoy, el gobierno las está matando», concluye. Mientras tanto, la cuenta regresiva para miles de empresas y trabajadores sigue su curso.
