La central obrera selló su oposición total al proyecto oficialista y convocó a una masiva protesta para el próximo jueves en Plaza de Mayo, al tiempo que adelantó una «pelea judicial» por considerar la iniciativa «inconstitucional». La fractura interna entre sectores moderados y combativos palpita tras las declaraciones combativas de su dirigencia.
Con un tono de confrontación y un diagnóstico severo sobre la realidad económica, la Confederación General del Trabajo (CGT) levantó la bandera de la resistencia activa contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Tras una tensa reunión de su consejo directivo, la central obrera anunció una movilización masiva para el próximo jueves a las 15 horas en la Plaza de Mayo, en un claro desafío al gobierno nacional.
El cotitular del triunvirato cegetista, Jorge Sola, fue el encargado de transmitir la postura unificada, aunque frágil, de la organización. Con palabras contundentes, calificó el proyecto oficial como un «ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores» y anticipó una batalla en múltiples frentes. “Haremos una movilización contundente para expresar nuestro rechazo”, afirmó Sola, y dejó en claro que “va a significar una pelea judicial. Esto será una inconstitucionalidad”.
Un proyecto bajo la lupa de la legalidad y la legitimidad
El dirigente sindical cargó duramente contra la metodología elegida por el Ejecutivo para impulsar la denominada “Ley de Modernización Laboral”. Criticó con dureza el intento de un “tratamiento exprés” en el Congreso, realizado “a espaldas del pueblo” y “sin una mesa de diálogo” con los sectores directamente afectados. “Pretenden llevarlo adelante entre gallos y medianoche”, se quejó Sola, acusando al gobierno de actuar sin consenso y bajo un modelo de “libro cerrado”.
Sus críticas trascendieron el ámbito laboral para pintar un panorama económico desolador. Sola sostuvo que el país “está empobrecido, sin inversión económica” y acusó a la gestión de Milei de generar un “industricidio”, con una “caída de más de 18 mil pymes” y del empleo formal. “400 trabajadores de lunes a lunes que se van quedando sin trabajo formal”, graficó, vinculando la reforma con un contexto de profunda crisis.
La estrategia triple: Congreso, calle y tribunales
Más allá de la convocatoria a la protesta callejera, desde la CGT delinearon una estrategia de presión que se articulará en tres ejes simultáneos: el bloqueo parlamentario en el Congreso, la movilización social y el recurso a la Justicia. En este marco, la marcha del jueves se presenta como la “reacción” inicial y visible a un contenido que consideran lesivo, y aseguran que se realizará incluso si el proyecto no ingresa formalmente a las sesiones extraordinarias.
Para la central obrera resulta “clave” que la reforma “no pase” en esta etapa y sea derivada al período de sesiones ordinarias, mostrando confianza en que los tiempos políticos no le son favorables al gobierno. “No le dan los tiempos. No va a pasar”, afirman con seguridad fuentes internas.
Tensiones internas y alianzas externas
El anuncio no logra ocultar las profundas grietas que recorren la cúpula sindical. En su seno conviven dos posturas bien diferenciadas: un sector más moderado, que insiste en priorizar el frente político y parlamentario, y un ala decididamente combativa que exige señales concretas y contundentes de movilización en las calles. Un dirigente, en la previa de la reunión, anticipó que habría “rosca de palacio, pero también de calle”, frase que resume la encrucijada interna.
Paralelamente, la CGT viene fortaleciendo sus alianzas externas. Horas antes del encuentro interno, los triunviros se reunieron con el bloque peronista en el Senado, donde recibieron el compromiso explícito de rechazar la reforma. Legisladores de peso como José Mayans, Alicia Kirchner y Jorge Capitanich, entre otros, coincidieron en que cualquier actualización de las leyes laborales debe discutirse dentro del marco del diálogo social y las convenciones colectivas, y no mediante un decreto unilateral.
El núcleo del conflicto
En el corazón del enfrentamiento se encuentra uno de los puntos más sensibles de la reforma: la modificación del sistema de financiamiento sindical. El proyecto oficial, al establecer que las deducciones por aportes o cuotas sindicales requieren del “consentimiento expreso” del trabajador, toca directamente la columna vertebral del modelo de representación gremial. Para las organizaciones sindicales, esta medida no es una simple modernización, sino un intento deliberado de debilitar su estructura y su capacidad de acción.
Con este escenario, la CGT se apresta a librar una de las batallas más definitorias de los últimos años. El jueves próximo, la Plaza de Mayo será el primer termómetro de una resistencia que promete extenderse en el tiempo, combinando el ruido de las cacerolas con el silencio de los estrados judiciales y la compleja negociación de los pasillos del Congreso.
