Una paciente fue contactada por una cuenta vinculada a grupos antiderechos tras solicitar cobertura para una ILE a su prepaga. La denuncia penal ya está en curso y crece la preocupación por otros casos donde empresas de medicina privada obstaculizan lo dispuesto por la ley 27.610.
En las últimas horas, el ecosistema de organismos defensores de garantías fundamentales encendió todas sus señales de advertencia a raíz de un episodio que expone las grietas más profundas del sistema de salud privado en la Ciudad de Buenos Aires. Una mujer que atravesó por una interrupción legal del embarazo (ILE) sufrió la divulgación no autorizada de sus datos personales y fue contactada desde una cuenta digital vinculada a colectivos que militan en contra de los derechos reproductivos. La víctima ya formalizó una denuncia penal en la que solicita, entre otros puntos, que se esclarezca si “personal de Medicus o cualquier otro organismo público o privado pudo haber divulgado ilegítimamente información amparada por el secreto médico y profesional”. Pero el caso no es un hecho aislado: también preocupa la multiplicación de situaciones donde algunas empresas de medicina prepaga desconocen los alcances de la normativa vigente y entorpecen el camino hacia un aborto legal.
Esta semana, la Red de Abogadas Feministas sumó su voz al expediente al presentar una denuncia penal que busca indagar sobre el acceso ilegítimo y la circulación de información clínica extremadamente sensible, vinculada a la salud sexual y reproductiva de la afectada. Los delitos que se podrían configurar abarcan desde el ingreso irregular a bancos de datos personales hasta la violación del secreto profesional y el ejercicio ilegal de la medicina. La protagonista de esta historia es Alejandra Iriarte, integrante de esa misma red, quien el pasado 7 de mayo intentó adquirir Misoprostol para realizar una ILE indicada por su médico obstetra, luego de que su embarazo se interrumpiera de modo espontáneo. Al solicitar la cobertura a su prepaga, la respuesta fue apenas un magro 40 por ciento del costo total. *“Mandé un email a Medicus diciendo que la ley establece el 100 por ciento y al mismo tiempo llené el formulario de la Superintendencia de Servicios de Salud para casos de ILE/IVE. No me contestaron, ninguno de los dos”*, relató Alejandra a este periódico.
Al día siguiente, el acoso comenzó de manera insistente a través de WhatsApp y llamadas telefónicas. Voces desconocidas le preguntaban si ya había confirmado el embarazo y la invitaban a una “charla informativa gratuita” en la intersección de Viamonte y Talcahuano. “En dicha conversación expresé mi absoluto asombro y preocupación respecto del conocimiento y circulación de información sumamente sensible vinculada a mi estado de salud y situación médica. Frente a esto no me dieron ninguna respuesta. Yo en ese momento no entendí de qué se trataba y me despedí dando por finalizada la conversación. Posteriormente les escribí por WhatsApp para consultarles de dónde habían obtenido mis datos pero no obtuve respuesta”, declaró en la denuncia. Además, señaló que esas personas se identifican a través de una página de Instagram y Facebook llamada tudecision.embarazo, desde donde difunden mensajes sobre embarazos no deseados.
Entre los ejes centrales de la investigación solicitada se encuentran: dilucidar de qué modo la organización o perfil tudecision.embarazo obtuvo los datos personales y la información médica sensible; determinar si hubo acceso ilegítimo a bases de datos personales o filtración de información confidencial ligada a su historia clínica o trámites de cobertura médica; establecer si trabajadores de Medicus o de cualquier otro ente público o privado pudieron haber divulgado ilegítimamente secretos médicos o profesionales; y comprobar si dicha organización realiza prácticas que equivalgan a un ejercicio ilegal de la medicina o una captación indebida de personas en contextos de vulnerabilidad por salud sexual y reproductiva. La cuenta tudecisión.embarazo, creada en abril, apenas suma un seguidor pero utiliza una terminología –“embarazo inesperado”– que remite directamente a la cosmovisión de agrupaciones religiosas que cuestionan el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su gestación. Existen perfiles conceptual y estéticamente análogos en Argentina y Chile, así como numerosos sitios web de organizaciones antiderechos que ofrecen consejos y encuentros para disuadir a las mujeres de interrumpir su embarazo. Como ya lo anticipó este diario el año pasado, esos grupos ya han desembarcado en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de intervenir en los llamados “embarazos vulnerables” para convencer a las mujeres de no abortar.
Finalmente, Alejandra debió recurrir al hospital Argerich para completar el procedimiento. Sin embargo, decidió impulsar la denuncia para que se identifique al responsable de la filtración. “La situación es súper grave. Estamos hablando de datos médicos sensibles y de información protegida por el secreto profesional y el derecho a la intimidad. Me preocupa profundamente pensar en cuántas otras mujeres y personas gestantes –muchas atravesando situaciones de enorme vulnerabilidad– pueden quedar expuestas a este tipo de persecución, presión o captación por parte de estos grupos”, manifestó. Desde la Red de Abogadas Feministas añadieron que “ninguna persona debería ser contactada por terceros que manejan información sobre su embarazo, sus decisiones reproductivas o sus tratamientos médicos sin consentimiento. Resulta especialmente preocupante que estos contactos estuvieran vinculados a perfiles relacionados con organizaciones que intervienen sobre embarazos no deseados y sectores antiderechos. También exigimos que se investigue si la filtración pudo haber provenido de una empresa de medicina prepaga, organismos públicos o circuitos vinculados al sistema de salud. La confidencialidad en el acceso a la ILE/IVE es un derecho, que comprende el derecho a la privacidad, al secreto médico y al acceso seguro a la salud sexual y reproductiva”.
Más allá de la violación de la intimidad, el caso revela otro problema de fondo: la actuación de la prepaga, que según el relato de Alejandra, obstruyó el acceso a la ILE al desconocer lo dispuesto por la ley. Una dificultad que trasciende este episodio puntual. Viviana Mazur, referente de Acceso IVE/ILE en la Coordinación de Salud Sexual, VIH e ITS del gobierno porteño, explicó a este diario que si bien algunas prepagas garantizan la prestación, otras dan rodeos y las usuarias terminan resolviendo su situación en el sistema público. “Antes de la ley, las obras sociales y las prepagas hacían mucho más lo que querían, muy pocas daban acceso a ILE, y había algunas otras que venían dando acceso. El panorama era super restrictivo, había médicos/as que hacían ILE en el público pero en las prepagas no hacían porque sentían que no tenían respaldo para hacerlo y que tampoco había módulos que les pagaran adecuadamente esa prestación”, recordó. Desde la sanción de la normativa, la Coordinación entabló diálogos con efectores privados, realizó capacitaciones y articuló con distintas prepagas y obras sociales. Algunas respuestas mejoraron, pero todavía deben intervenir ante reclamos de usuarias que no reciben respuestas adecuadas en el ámbito privado frente a la necesidad de una ILE/IVE.
Ante este escenario, la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, las redes de profesionales de la salud que trabajan en espacios públicos y privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las y los docentes que imparten Educación Sexual Integral en las escuelas, se declararon en estado de alerta y sumarán este reclamo a las acciones previstas para el próximo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. La consigna es clara: ningún dato ni ninguna decisión sobre el propio cuerpo puede ser usado como arma de persecución.
