Marcos Linares, de la UOM, advierte sobre la profundización de la incertidumbre en el sector, con un paro anunciado para el 6 de agosto y reclamos sin respuestas del Gobierno.
La situación en Tierra del Fuego se agrava día a día. La falta de homologación de los acuerdos salariales, sumada a la incertidumbre por el futuro de la industria local, ha generado un clima de tensión que parece no tener solución a corto plazo. Marcos Linares, Secretario Adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dialogó con este medio y expresó su «profunda preocupación» por el escenario actual, marcado por la inacción del Gobierno nacional y la creciente frustración de los trabajadores.
El conflicto se centra en tres ejes fundamentales: la defensa de la industria fueguina, la preservación de los puestos de trabajo y la soberanía productiva. Sin embargo, estos reclamos chocan contra un muro de desidia. «Hemos firmado un acuerdo con las cámaras empresarias, pero la Secretaría de Trabajo no lo homologa, pese a que ya han transcurrido más de 40 días desde el plazo legal», denunció Linares. Este retraso ha llevado a que algunas empresas no apliquen los incrementos salariales pactados, lo que profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los empleados.
La tensión escaló la semana pasada con una movilización hacia la Secretaría de Trabajo, exigiendo respuestas. Pero hasta ahora, nada ha cambiado. «El acuerdo está firmado, pero sin homologación, no tiene validez», insistió Linares. Esta demora burocrática se suma a otro problema de fondo: el decreto que reduce aranceles a las importaciones, lo que amenaza con desmantelar la producción local.
Ante la falta de avances, los trabajadores no ven otra alternativa que la protesta. El próximo 6 de agosto, la UOM y el sindicato Siembra realizarán un paro con movilización, una medida ratificada por asambleas y votaciones unánimes. «No podemos seguir gestionando la incertidumbre», afirmó Linares.
El reclamo no es solo por salarios, sino también por el futuro de la industria. Las empresas alegan dificultades por los altos costos de la cadena de comercialización, un tema que, según el dirigente, no está siendo debatido en las mesas de negociación. «Si no se revisa cómo se fijan los precios después que los productos salen de la fábrica, es imposible resolver el problema», señaló.
Mientras el Gobierno promete analizar el impacto de la venta «puerta a puerta» como posible compensación, los trabajadores temen que sea insuficiente. «Nuestro objetivo es garantizar que no se pierdan puestos de trabajo», remarcó Linares. Sin embargo, las señales no son alentadoras. Las empresas evitan comprometerse públicamente, y algunos acuerdos comerciales incluso están protegidos por cláusulas de confidencialidad, lo que opaca aún más el panorama.
Con el reloj en contra y la desconfianza creciendo, Tierra del Fuego enfrenta días decisivos. La pregunta que flota en el aire es clara: ¿habrá voluntad política para evitar un golpe irreversible a la economía fueguina, o el tiempo seguirá corriendo en contra de los trabajadores?
