El Gobierno argentino aguarda la decisión judicial que podría obligar a entregar el 51% de las acciones de la petrolera o, en su defecto, otorgar una suspensión mientras avanza la apelación. El fallo tendrá repercusiones financieras y políticas para el país.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se encuentra hoy en el centro de una disputa judicial de alto impacto para la Argentina. Este martes, los magistrados definirán si el Estado nacional debe transferir el control accionario de YPF a los acreedores, tal como lo dispuso en 2023 la jueza Loretta Preska, o si, por el contrario, se concede una prórroga mientras el país continúa con su recurso de apelación.
Hace apenas unos días, la administración de Javier Milei presentó sus argumentos ante el tribunal neoyorquino en busca de una medida cautelar que frene la ejecución del laudo. La sentencia en cuestión obliga a la Argentina a desembolsar una compensación que supera los 16.000 millones de dólares, como resarcimiento por la expropiación de la empresa petrolera en 2012.
Los posibles escenarios
Las alternativas que manejan los expertos son diversas. Por un lado, la Corte podría confirmar el dictamen de Preska, exigiendo la inmediata cesión del paquete accionario. Otra opción sería autorizar la suspensión, pero bajo ciertas garantías alternativas que el país debería ofrecer. Finalmente, existe la posibilidad de que los jueces acepten el pedido argentino, alineándose incluso con el respaldo expresado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De producirse un veredicto adverso, algo que varios analistas consideran probable, el conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema de ese país. Sin embargo, dado que el máximo tribunal suele rechazar casos de esta naturaleza, la Argentina quedaría expuesta a un eventual incumplimiento, lo que agravaría su ya compleja situación financiera.
Consecuencias económicas y políticas
Un fallo desfavorable representaría un duro golpe para la gestión de Milei, limitando aún más su margen de maniobra en medio de los vencimientos de deuda que enfrenta el país en los próximos años. Además, pondría en jaque la estrategia de litigio que el Estado mantiene desde hace más de una década, forzándolo a entablar negociaciones con los fondos buitre, liderados por Burford Capital.
La decisión de hoy no solo definirá el rumbo legal de YPF, sino que también marcará un precedente en la relación entre la Argentina y los mercados internacionales de crédito. Mientras tanto, el Gobierno sigue a la espera, consciente de que cualquier resolución tendrá un impacto profundo en la frágil economía nacional.
