El Presidente argumenta que su publicación en redes no compromete su rol institucional, pero especialistas y la Justicia advierten sobre la gravedad de vulnerar los derechos de un menor en situación de discapacidad. La polémica se enmarca en un contexto judicial delicado, incluyendo la causa por la criptoestafa $LIBRA.
El conflicto judicial y la negativa presidencial
Javier Milei se resiste a eliminar un mensaje en la red social X (antes Twitter) donde desacreditó a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo reconocido por su labor en la concientización sobre esa condición. La disputa judicial revela argumentos del mandatario que, según analistas, buscan eludir responsabilidades propias de su cargo mientras intenta sostener una narrativa de víctima frente a lo que denomina «cultura de la cancelación».
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, representante del menor y su madre, subrayó la gravedad del caso: «El problema es que el Presidente, en ejercicio de sus funciones, difundió un contenido lesivo para un niño con discapacidad. Al negarse a retractarse, desconoce su condición de vulnerable». Agregó que la libertad de expresión, invocada por Milei, «fue diseñada para proteger a las personas frente al Estado, no para que un funcionario las utilice contra un menor».
La estrategia legal y sus fisuras
El equipo jurídico del Presidente, encabezado por Francisco Oneto, junto con la Procuración del Tesoro, insistió en que la cuenta utilizada por Milei no es oficial, por lo que el amparo presentado por Ian carecería de legitimidad. Sin embargo, tanto el juez federal Alberto Recondo como el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía rechazaron ese planteo, afirmando que la competencia corresponde a la Justicia federal por tratarse del máximo representante del Poder Ejecutivo.
El fiscal fue contundente: «La cuenta verificada de Milei refleja su condición de Jefe de Estado. No hay ambigüedad: sus actos públicos, incluso en redes, están sujetos a escrutinio institucional». Esta postura podría complicar al mandatario en otras causas, especialmente en la investigación por el caso $LIBRA, donde se analizan presuntos delitos vinculados a su función.
La doble vulnerabilidad de Ian y la responsabilidad presidencial
Marisa Herrera, especialista en derechos de la niñez, enfatizó que «los niños y adolescentes merecen protección reforzada. Cuando un adulto, y más aún un Presidente, los expone a situaciones vejatorias, el sistema jurídico debe priorizar sus derechos». Destacó que Ian enfrenta una doble vulnerabilidad por su edad y su condición, lo que agrava la conducta de Milei.
La controversia se remonta a una entrevista en la que Ian y su madre, Marlene Spesso, denunciaron declaraciones discriminatorias del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Tras la difusión de esos dichos, el gobierno respondió con una resolución oficial que empleaba términos denigrantes hacia personas con discapacidad, lo que generó repudio público.
Libertad de expresión vs. abuso de poder
Roberto Saba, experto en derecho constitucional, cuestionó la interpretación que hace Milei de la libertad de expresión: «La Constitución garantiza un debate robusto, pero no ampara ataques desproporcionados, especialmente contra quienes tienen menos poder. El Presidente, al hostigar a un niño, distorsiona el sentido democrático de ese derecho».
La paradoja, señalada por el abogado Sebastián Guidi, radica en que Milei «denuncia censura mientras monopoliza la agenda pública con sus declaraciones». Natalia Volosin, doctora en Derecho, cerró con una reflexión contundente: «Un adulto que agrede a un niño ya es repudiable. Si además es Presidente, la afrenta adquiere un carácter institucional inaceptable».
La negativa de Milei a rectificarse no solo profundiza el debate sobre los límites del poder en redes sociales, sino que expone su desdén por protocolos básicos de protección a menores. En un año marcado por causas judiciales, su insistencia en minimizar el caso Ian podría tener repercusiones mayores, tanto legales como políticas.
