El vocero presidencial ofreció membresías pagas con beneficios exclusivos en su programa «Fake 7,8», incurriendo en una posible infracción a la Ley de Ética Pública. Tras la difusión del caso, la opción de pago fue removida, pero las huellas digitales quedaron.
El escándalo ético que persigue al vocero presidencial
Manuel Adorni, portavoz del gobierno nacional, vuelve a quedar en el ojo de la tormenta tras revelarse que su programa «Fake 7,8», emitido semanalmente en YouTube, ofrecía membresías pagas con ventajas exclusivas para sus seguidores. La polémica estalló cuando usuarios expusieron en redes sociales que, mediante un pago de mil pesos, obtenían acceso anticipado a contenidos, prioridad en respuestas e insignias de «lealtad» junto a sus nombres en los comentarios. Sin embargo, horas después de hacerse públicas las denuncias, la opción de suscripción desapareció misteriosamente del canal.
Samuel Gómez, estudiante de Gestión de Tecnología de la Información, confirmó el mecanismo: «Verifiqué el proceso: al abonar, accedí a los beneficios. Pero cuando compartí las pruebas, la función fue eliminada». Aunque ya no es posible adquirir la membresía, en el chat del canal aún permanecen las etiquetas de quienes pagaron, identificados con una estrella azul.
La sombra de la ilegalidad
La situación podría configurar una violación a la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, que en su artículo 18 prohíbe a los funcionarios recibir obsequios, donaciones o retribuciones vinculadas a su cargo. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, fue contundente: «Un funcionario público está sujeto a normas las 24 horas. Si genera ingresos paralelos sin autorización, incurre en falta grave».
No es la primera vez que Adorni enfrenta acusaciones por mezclar su rol oficial con actividades privadas. Hace un año, debió cerrar una cuenta en una plataforma de donaciones tras recibir dinero mientras transmitía partidas del videojuego Age of Empires IV. Aquel episodio, aunque zanjado con devoluciones, dejó en evidencia su tendencia a traspasar los límites de la ética pública.
Recursos públicos, fines personales
El diputado nacional Esteban Paulón (PS) amplió la crítica al señalar que «Fake 7,8» se graba en la Rosada con equipamiento estatal. «Usar bienes públicos para un emprendimiento personal y lucrar con ello es inaceptable», afirmó. Además, adelantó que la citación de Adorni al Congreso —originalmente por difundir un video manipulado del gobernador Axel Kicillof— podría extenderse a investigar este nuevo presunto delito.
Mientras tanto, el vocero continúa produciendo su espacio, donde desarma —según su criterio— «fake news» contra el gobierno. Pero la paradoja salta a la vista: un programa que dice combatir la desinformación, ahora es acusado de operar en las sombras, borrando rastros de un negocio que, para muchos, nunca debió existir.
Las capturas de pantalla y los testimonios de los usuarios que pagaron la membresía siguen circulando, alimentando el debate sobre la doble vara en la comunicación oficial. Mientras Adorni insiste en desmentir «mentiras», su propio accionar le devuelve un reflejo incómodo: el de un funcionario que, al parecer, no termina de entender que la ley también aplica para él.
