El tribunal suspendió la orden de entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos buitres, en un fallo que respalda los argumentos de Argentina y acepta la intervención de EE.UU. como «amigo de la corte».
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió este viernes mantener en suspenso la polémica sentencia que obligaba a la Argentina a ceder más de la mitad de las acciones de YPF a fondos especulativos, en un intento por cobrar una desmesurada indemnización de 16.100 millones de dólares, más intereses acumulados, derivada del juicio por la reestatización de la empresa en 2012.
La resolución representa un respaldo a la postura que el país sostuvo de manera consistente durante los últimos tres gobiernos, defendiendo el interés nacional frente a las presiones de acreedores financieros. Sin embargo, más allá del alivio oficial, las declaraciones del presidente Javier Milei y otros funcionarios de su administración generaron controversia al utilizar argumentos que, paradójicamente, favorecen a los demandantes.
El fallo de la jueza Loretta Preska, que había desatado una fuerte tensión jurídica y política, quedó así paralizado hasta que se resuelvan las apelaciones presentadas por Argentina. Esto evitó que el Estado tuviera que ofrecer garantías financieras inmediatas, al mismo tiempo que se aceptó la solicitud de la Casa Blanca para participar como amicus curiae (amigo de la corte), lo que le permitirá presentar documentos en respaldo de la posición argentina.
Un fallo arbitrario y sin sustento
La magistrada había ordenado la cesión de las acciones de YPF como forma de pago, llegando incluso a sugerir una reforma constitucional en Argentina para sortear las protecciones legales que resguardan los títulos de la petrolera. La medida fue calificada como «incumplible» por el jefe de Gabinete, Guillermo Franco, dada la imposibilidad de ejecutarla sin violar la legislación local.
La cuantía fijada por Preska también fue cuestionada por su desproporción. Mientras la jurisprudencia estadounidense sugiere una compensación razonable cercana a los 1.600 millones de dólares, la jueza impuso una cifra diez veces mayor, con intereses usurarios que elevan el monto total a unos 18.000 millones. «Solo la arbitrariedad y el anatocismo pueden explicar semejante inflación», señaló el senador provincial Noel Eugenio Breard.
El respaldo de EE.UU. y la estrategia de defensa
Un aspecto clave en la decisión de la Corte fue la intervención del Departamento de Justicia de EE.UU., que respaldó los argumentos de Argentina al señalar que el embargo viola la Ley de Inmunidad Soberana, la cual impide a los jueces estadounidenses incautar bienes de un Estado extranjero fuera de su territorio. «Las acciones de YPF están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no en Wall Street», recordó el ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler.
Aunque el gobierno de Milei mantuvo formalmente la defensa jurídica basada en la soberanía nacional, las declaraciones públicas del presidente generaron malestar. En redes sociales, cuestionó la nacionalización de YPF usando argumentos similares a los de los fondos buitres, mientras que el nombramiento de Santiago Castro Videla en la Procuración del Tesoro –vinculado a un abogado que testificó a favor de Burford Capital– despertó sospechas sobre una posible contradicción en la estrategia oficial.
Próximos pasos
El 25 de septiembre se presentarán los escritos para la apelación formal, mientras que la primera audiencia sustantiva está prevista para la última semana de octubre. Se espera que la resolución final quede firme recién a principios de 2025.
«Las acciones de YPF permanecerán en la Caja de Valores hasta que la Corte resuelva el fondo de la apelación», explicó el especialista Sebastián Maril. Mientras tanto, Argentina insiste en que, como país soberano, no negociará hasta que no exista un fallo definitivo.
El caso, que comenzó en 2015 cuando fondos especulativos como Burford Capital compraron el litigio, sigue siendo una batalla legal de alto impacto. Pero por ahora, la decisión del tribunal neoyorquino representa un respiro para la Argentina y un freno a las pretensiones desmedidas de los acreedores.
