Escándalos por presuntas coimas en un organismo estatal y denuncias de extorsión a militantes en provincias desatan una rebelión interna. Exaliados acusan al oficialismo de traicionar sus principios y arrodillarse ante «la casta», mientras exigen un cambio urgente en la cúpula.
Mientras las grabaciones de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) continúan proyectando su sombra sobre las altas esferas de la Casa Rosada, una ola de críticas furibundas emerge desde las filas que alguna vez fueron leales. Distintos referentes que abandonaron La Libertad Avanza (LLA) admiten que el oficialismo recibió un impacto severo, argumentando que el movimiento ha abandonado sus estandartes fundacionales para someterse a los poderes tradicionales.
La situación ha escalado al punto de exigir públicamente una reconfiguración parcial del Gabinete nacional, al tiempo que surgen graves acusaciones de solicitud de contribuciones obligatorias a militantes en las provincias de Misiones y Santiago del Estero, prácticas que ellos mismos tildan de extorsión.
«La Libertad Avanza dejó caer las banderas que levantó entre 2021 y 2023 y nos obliga a arrodillarnos ante la casta. Las coimas en la Andis constituyen un escándalo que empaña al proyecto liberal; no estamos de acuerdo en avalarlo y nos negamos a ser cómplices», declaró con vehemencia el diputado Carlos D’Alessandro, integrante del nuevo bloque disidente Coherencia, durante una entrevista radial.
El parlamentario instó al presidente Milei a tomar «una determinación urgente» y proceder con un reinicio en una porción de su equipo de gobierno. D’Alessandro afirmó creer en la veracidad de los audios del ex titular de la Andis, Fernando Spagnuolo, y sugirió que los rumores sobre estas prácticas están muy extendidos dentro de la administración. Además, lanzó una acusación directa contra el subsecretario de Presidencia, Eduardo «Lule» Menem, señalándolo como el responsable de introducir los vicios de la vieja política en el partido gobernante.
En un giro aún más dramático, el legislador reveló que, según sus fuentes, el propio Spagnuolo le habría hecho llegar al Presidente una carpeta con los pormenores de la situación en el organismo discapacitado hace meses, información que involucraría a cercanos al entorno Menem.
La gravedad del caso es tal que incluso Oscar Zago, otro diputado que transitó el camino libertario, admitió que «al Gobierno le entró una bala». En una colorida metáfora, comparó la situación con una herida de proyectil que ya causó daño y que, si no puede extraerse, debe aislarse urgentemente para evitar un mal mayor. «Si tenés una manzana podrida en un cajón, tenés que sacarla», sentenció.
Pero el malestar no se limita a la capital. Desde el interior del país afloran relatos que pintan un cuadro de prácticas del todo opuestas a la prédica anti-corrupción. En Misiones, Samuel Doichele, un agricultor y militante, denunció penalmente que el titular local de LLA, Adrián Núñez, exigía a los funcionarios de organismos como ANSES un «diezmo» del 10% de sus salarios, fondos que se destinaban a una cuenta particular. «Hay muchas pruebas», aseguró, manifestando la profunda decepción que sintió al descubrir que se cobraba en secreto a sus compañeros.
El eco de esta práctica resonó en Santiago del Estero. Marcela Coronel, ex directora del PAMI en esa provincia, reveló que fue obligada a entregar $651.300 de su primer sueldo de 2024 –un 25% de sus haberes– bajo el eufemismo de «solidaridad partidaria», por orden del candidato a gobernador Ítalo Cioccolani. Coronel afirmó que, al solicitar documentación que justificara el destino del dinero, recibió amenazas y represalias. La exfuncionaria también apuntó contra Karina Milei y «Lule» Menem, acusándolos de avalar a estos dirigentes provinciales a cambio de silencio y lealtad.
La tormenta perfecta de escándalos por corrupción en el corazón del Estado y presunta extorsión en sus bases territoriales amenaza con resquebrajar la unidad del oficialismo, poniendo a prueba la narrativa de un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios y las prácticas de la política tradicional.
