La exmandataria cuestionó duramente el intento del Gobierno de atribuir los audios a una «operación kuka» y expuso conexiones directas entre el Presidente, su círculo íntimo y el caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, al tiempo que alertó sobre las consecuencias de la desregulación en el ámbito de la salud.
En un contundente mensaje difundido durante un acto de campaña en Pilar, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner refutó de manera enfática los argumentos esgrimidos por la administración nacional para desvincularse de las gravísimas acusaciones surgidas a partir de las grabaciones que revelan un presunto entramado de sobornos al interior de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La líder del espacio opositor descalificó la narrativa oficial que intenta presentar el caso como una mera construcción mediática orquestada por el peronismo. “No se trata de un relato kuka; fue escuchado por la totalidad de la ciudadanía argentina directamente de la boca del letrado y confidente personal de Milei”, aseveró con tono severo.
En su alocución, Fernández de Kirchner realizó una retrospectiva para recordar que, hace unos diez meses, en el marco de un congreso sanitario realizado en Rosario, ya había formulado una advertencia pública. En esa oportunidad, instó al Gobierno, en el marco de su fervor desregulador, a permitir la importación de medicamentos genéricos. “Ahora se evidencia cuán genuino era su interés en abaratar los remedios, si se encontraban percibiendo coimas proporcionales por facturaciones de medicamentos destinados a personas con discapacidad”, sentenció con ironía.
La exjefa de Estado puso el foco en la figura de Diego Spagnuolo, destituido de la conducción del organismo “cuando estalló el escándalo”, a quien identificó sin ambages como un allegado personal del mandatario Javier Milei. Subrayó que en las conversaciones comprometedoras, el propio exfuncionario especificó “incluso el monto del porcentaje del soborno que percibía la hermana del presidente”.
Asimismo, formuló un enérgico llamado de atención al sistema judicial, estableciendo una comparación con el caso de Eva Mieri, presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes, quien permaneció privada de su libertad durante trece días en la cárcel de Ezeiza tras ser “imputada sin evidencia alguna por arrojar excremento en una vía pública”. “¿Cuál será ahora la reacción de la Justicia cuando los imputados son el propio presidente, su hermana, su abogado personal y los primos Menem? Todos ellos en activo ejercicio y en la cumbre del poder”, interrogó de manera retórica, planteando una inquietante duda sobre la aplicación de la ley con igualdad para todos los ciudadanos.
En otro segmento de su discurso, la expresidenta asoció la reciente tragedia de las muertes por fentanilo contaminado con lo que definió como “la obsesión desreguladora impulsada por Sturzenegger, en beneficio de unos pocos actores sumamente poderosos”. Aseguró que esta política debilitó severamente la capacidad de control y el financiamiento de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), con consecuencias directas y trágicas para la salud pública.
