Mientras la justicia avanza en la investigación por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, la filtración de una grabación atribuida a Karina Milei, realizada en la Casa Rosada, profundiza la paranoia y expone las feroces internas que desgarran al oficialismo.
El gobierno del presidente Javier Milei se encuentra sumido en un profundo desconcierto y una evidente erraticidad, atravesado por luchas internas que parecen no tener fin. En medio de este clima de implosión, la investigación judicial por presuntos sobornos y contratos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) avanza con firmeza. El fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello ordenaron nuevos allanamientos en las oficinas de Andis y en la droguería Suizo Argentina, en una búsqueda crucial para asegurar pruebas documentales y digitales.
El operativo en la farmacéutica se topó con una resistencia inesperada. Fuentes vinculadas a la pesquisa relataron que la empresa se negó a entregar los correos electrónicos solicitados, lo que obligó a los efectivos de la Policía de la Ciudad a permanecer en el lugar con la orden expresa de no retirarse sin incautar computadoras y dispositivos que contuvieran la información requerida. La firma, representada por el abogado Santiago Kent, intentó bloquear el acceso al material, marcando un tenso pulso con la justicia.
Paralelamente, la esfera de poder libertaria se vio conmocionada por una nueva filtración de audios. Tras las primeras grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, el ex titular de Andis, emergió una nueva cinta en la que se escucha una voz que se presume pertenece a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. En el registro, la voz afirma “nosotros tenemos que estar unidos”, una frase que resulta profundamente irónica ante la guerra doméstica que sacude al Gobierno. Más significativo aún es que la grabación, según la rápida –y quizás inadvertida– reacción del vocero oficial, Manuel Adorni, habría sido realizada dentro de la misma Casa Rosada, confirmando el ambiente de extrema vigilancia y desconfianza que reina en Balcarce 50.
La reacción oficialista frente a este nuevo escándalo ha sido caótica. Adorni, en un insólito comunicado, admitió que de ser verídicos los audios, se estaría ante “un escándalo sin precedentes”, para inmediatamente después intentar enmarcar su difusión como una “operación orquestada de desinformación” en el contexto de la campaña electoral bonaerense. Este argumento choca frontalmente con la creciente evidencia de que los conflictos son internos, inocultables, y que los niveles de paranoia al interior del Gobierno superan todo lo imaginable.
Frente al avance judicial, los principales involucrados intentan moverse. Eduardo Kovalivker, principal accionista de la droguería, se presentó en la fiscalía para entregar su teléfono celular. No obstante, su familia empresaria también contraatacó mediante sus abogados, solicitando la nulidad de la causa al argumentar que las grabaciones son una prueba ilícita que vulnera la intimidad, poniendo también en duda su autenticidad.
Mientras tanto, la figura de Diego Spagnuolo se erige como un nudo central del drama. Se describe a sí mismo en los audios como un denunciante de irregularidades que se siente traicionado, afirmando que otros actores, incluyendo a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, se quedaban con la mayor parte de las supuestas coimas. Aunque aún no hay una imputación formal en su contra, se especula con la posibilidad de que negocie su situación bajo la figura del arrepentido, en un movimiento que podría agravar aún más la crisis para el oficialismo.
La conjunción de una justicia que avanza con allanamientos obstaculizados, una seguidilla de audios que revelan conversaciones privadas en el corazón del poder y unas reacciones gubernamentales contradictorias y defensivas, pinta el cuadro de una administración que cruje por los cuatro costados, lejos de cualquier teoría conspirativa opositora y sumida en una crisis de gobernabilidad de su propia cosecha.
