En la puerta de la Agencia Nacional de Discapacidad, cientos de personas con diversas afecciones enfrentan un laberinto administrativo para reclamar el reintegro de sus asignaciones, tras la decisión oficial de recortar beneficios mediante auditorías y requisitos extenuantes.
Frente a la sede de la calle Yrigoyen de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a pocos pasos del Congreso Nacional, se extiende una fila interminable de personas. Muchas de ellas se apoyan en muletas, otras permanecen en sillas de ruedas y algunas están acompañadas por familiares. Todos comparten una misma realidad: el Estado ha suspendido el pago de sus pensiones, que en agosto ascendían a $290.013,76, incluyendo un complemento que no todos reciben. A principios de mes, al dirigirse al cajero, descubrieron que sus cuentas estaban vacías.
Una empleada de ANDIS sale al exterior en un intento por aliviar la congestión y orientar a quienes aguardan bajo el frío y la incertidumbre. Julio Gómez, un hombre de 55 años, acompañado por su madre Catalina, de 80, escucha atentamente las indicaciones: debe presentar estudios y diagnósticos médicos recientes, con una antigüedad no mayor a seis meses. Julio, con voz apenas audible, explica que nació con su condición y que su discapacidad no ha variado. Aun así, para recuperar su pensión, deberá iniciar un tortuoso proceso administrativo que demuestre nuevamente lo que ya estaba acreditado.
Catalina, con angustia, relata que desde junio ambos dependen exclusivamente de su magra jubilación, que apenas supera los trescientos mil pesos. La empleada asiente con gesto compasivo, pero insiste en la necesidad de cumplir con los requisitos. Esta escena se repite una y otra vez, como un eco de una política que parece diseñada para excluir antes que para proteger.
El reciente escándalo por presuntas coimas en la compra de medicamentos, revelado a través de audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, no hizo más que agravar la situación. La intervención de ANDIS por parte del Gobierno nacional generó un clima de temor entre los trabajadores, quienes ahora temen por sus puestos. El interventor, Alejandro Vilches, llegó con amenazas de despidos masivos, en un contexto donde ya se habían producido más de trescientos bajo la gestión anterior.
La estrategia de ajuste no es nueva. Antes de su salida, Spagnuolo impulsó una auditoría masiva de los beneficiarios, con el supuesto objetivo de detectar irregularidades. Sin embargo, los resultados mostraron muy pocos casos irregulares. La metodología consistió en enviar notificaciones a cada titular, exigiendo la renovación de trámites y estudios médicos para justificar su condición. Más de quinientas mil cartas documento nunca fueron recibidas, según admitió el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su exposición ante el Congreso.
Este proceso se complementa con un decreto firmado por Federico Sturzenegger (Decreto 843/24), que incorpora nuevas causales de baja, entre ellas, el no recibir la notificación en tiempo y forma. Así, medio millón de personas quedaron en riesgo inminente de perder el apoyo estatal.
La consecuencia directa es visible en la calle: entre doscientas y trescientas personas se acercan diariamente a la ANDIS porque sus pensiones han sido suspendidas. “Casi nadie sabe que existe este decreto. Es un maltrato descarado hacia quienes más necesitan ayuda”, confió un trabajador del organismo, quien prefirió mantener su nombre en reserva.
Entre los presentes, predominan la frustración y la resignación. Héctor, con baja visión debido a una operación fallida del nervio óptico, resume el sentir general: “Por culpa de unos pocos, pagamos todos”. Muchos evitan hablar del escándalo de corrupción por miedo a que sus trámites sean demorados aún más.
La fila es un testimonio crudo de la diversidad de padecimientos: cardiopatías chagásicas, deformaciones por artritis, pérdida irreversible de la visión. Casi nadie tiene turno; la mayoría ya ha agotado todas las instancias previas sin obtener respuestas.
Irma Villalba, una mujer de baja estatura y cabello cano, espera apoyada en su bastón. Su hijo, de 24 años, sufre un retraso madurativo irreversible. Hace dos meses, el depósito de la pensión que les permitía subsistir dejó de llegar. Originarios del Chaco, hoy viven en Avellaneda y recorren oficinas sin éxito.
Más adelante, otra mujer exhibe sus dedos deformados por la artritis. Aunque cuenta con el Certificado Único de Discapacidad y presentó toda la documentación hace un año, aún espera el proceso de su pensión. “En abril me dieron un número de WhatsApp para reclamar, pero solo me responde un robot”, explica con fastidio.
Cristina, de 59 años, viajó desde Isaías González, en el conurbano profundo. Llega con un corazón agrandado a causa del mal de Chagas. En agosto, tampoco recibió su dinero.
Ante la magnitud del conflicto, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires instaló dos carpas en la esquina para atender casos derivados. En apenas cuatro horas, registraron treinta y cinco consultas. Pero para la mayoría, la espera parece interminable, y la solución, inalcanzable. La injusticia se ha institucionalizado, y sus víctimas son quienes menos pueden defenderse.
