El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una solicitud formal ante el Consejo de la Magistratura para remover al magistrado Alejandro Patricio Maraniello, tras prohibir la difusión de grabaciones atribuidas a Karina Milei. Acusan al juez de violar principios básicos de transparencia y libertad de prensa.
Una reconocida organización de la sociedad civil, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, interpuso este martes un formal pedido de remoción contra el juez federal Alejandro Patricio Maraniello. La iniciativa fue presentada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación bajo el argumento de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, tras el controvertido fallo que prohibió la circulación pública de unos audios atribuidos a Karina Milei, hermana del Presidente de la Nación.
Según expresaron los representantes del Observatorio, la decisión judicial no solo carece de sustento legal suficiente, sino que instaura lo que calificaron como un “bozal legal” dirigido a amedrentar a la prensa y silenciar el derecho de la ciudadanía a acceder a información de relevancia pública. Subrayaron, además, que el magistrado basó su resolución en una “mera especulación”, ya que él mismo admitió desconocer el contenido específico de las grabaciones.
La entidad afirmó en su escrito que la medida no constituye un simple desacierto jurídico, sino una grave desviación de los deberes propios de un juez de la Nación. Al obstaculizar el trabajo de comunicadores como Mauro Federico y Jorge Rial, se estaría atentando contra la libertad de expresión y el derecho colectivo a estar informados sobre asuntos que involucran a las más altas esferas del poder.
El fallo de Maraniello, emitido el pasado 1 de septiembre, ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios —presuntamente grabados dentro de la Casa Rosada— a través de cualquier medio de comunicación o plataforma digital. La medida cautelar fue dictada en el marco de una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, en la que se alega la existencia de una “operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar al país en pleno contexto electoral.
En dicha denuncia, el oficialismo sostiene que se ejecutó un plan sistemático que incluyó espionaje no autorizado, edición clandestina de material sonoro y su divulgación estratégica con fines desestabilizadores. El escrito oficial, al que tuvo acceso esta redacción, enfatiza la gravedad de que estos hechos pudieran haber ocurrido dentro de la sede presidencial.
Frente a esto, el Observatorio insiste en que prohibir la divulgación de los audios sin haber verificado su contenido ni su autenticidad resulta arbitrario y configura un precedente peligroso para el periodismo y la democracia. La solicitud de remoción busca no solo apartar a Maraniello de su cargo, sino también sentar un mensaje claro sobre los límites del poder judicial frente a derechos fundamentales.
La decisión del Consejo de la Magistratura ahora se espera con expectativa, en un caso que ya ha reavivado el debate entre la seguridad nacional, la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a la información.
