Tras acusaciones de espionaje a países y a la AFA, la administración de Milei busca investigar a un canal de streaming extranjero. La estrategia legal, a cargo de Stornelli, apunta a frenar filtraciones que exponen tensiones internas y posibles actos de corrupción, mientras crece el rechazo en Uruguay y se advierte sobre un inédito conflicto diplomático.
El Gobierno Nacional ha intensificado su campaña contra la divulgación de grabaciones privadas, extendiendo ahora sus reclamos judiciales más allá de las fronteras argentinas. Luego de haber formalizado acusaciones de espionaje en contra de Rusia, Venezuela, Bolivia y la Asociación del Fútbol Argentino por la filtración de audios, la administración libertaria ha puesto en la mira al canal de streaming uruguayo “Dopamina”. Este medio difundió la semana pasada una conversación atribuida a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, en la que hace alusión al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Aunque el contenido de la grabación carece de implicancias penales directas –a diferencia de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde se abordaban presuntos sobornos–, la insistencia oficial parece orientada a disuadir cualquier nueva publicación y a construir una narrativa de victimización frente a las crecientes filtraciones que agitan las aguas internas del oficialismo.
La nueva denuncia, radicada en los tribunales de Comodoro Py, busca ampliar la causa original que está a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli. Este magistrado ya había promovido medidas contra los portales Carnaval Stream y Data Clave, primeros en revelar los audios vinculados a Spagnuolo y a la hermana del presidente Javier Milei. Una vez más, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich actúa como querellante. Lo que hizo “Dopamina” fue emitir, desde Uruguay, material sonoro que una medida cautelar del juez civil Alejandro Maraniello –quien acumula múltiples denuncias por acoso laboral y sexual– había prohibido específicamente difundir en Argentina, a pedido de la propia Karina Milei. Los periodistas Mauro Federico e Iván Cángaro ya habían adelantado que existía alrededor de cincuenta minutos de grabación, mucho más que el breve audio conocido.
El dictamen de Stornelli que dio inicio a la causa representa un claro aval a la postura gubernamental, aunque el fiscal evitó solicitar allanamientos a redacciones periodísticas, un acto de evidente inconstitucionalidad. En sus fundamentos, el fiscal habla de develar “una trama más amplia” que involucraría a “la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al gobierno”. Bajo este argumento, su investigación no se limitaría a los audios de Karina Milei, sino que abarcaría también los de Spagnuolo, que ya tienen su propia causa penal por posibles coimas en otra fiscalía, la de Franco Picardi. Este último expediente es el verdadero foco de preocupación para el oficialismo, ya que indaga no solo en los teléfonos del exfuncionario, sino también en los de ejecutivos de la droguería Suizo Argentina y de Daniel Garbellini, quienes manejaban las contrataciones en la agencia estatal.
La presentación del ministerio de Bullrich contra el streaming uruguayo le imputa haber “difundido un nuevo audio, obtenido en forma clandestina e ilegal”, atribuido a Karina Milei, y en el que “mencionaría al Dr. Martín A. Menem”. Aunque se abstiene de certificar su autenticidad, el escrito judicial recoge un posteo del propio Menem en el que este afirmaba que se trataba de uno de sus encuentros periódicos para “coordinar la labor parlamentaria”. La denuncia sostiene que existiría una estrategia deliberada de desestabilización que libera estos materiales en “episodios” escalonados para dañar al gobierno en el contexto electoral.
El audio en cuestión, de pobre calidad y difícil comprensión, parece confirmar que la secretaria presidencial fue grabada. En un fragmento casi ininteligible se la escucha decir: “hay que estar abajo de Martín”, en una posible referencia a Menem, porque “es el que tiene la información”. Otro tramo agrega: “…Yo desde mi punto de vista, desde mi punto que me toca a mí, yo respeto a Martín como ca…”.
La reacción desde Uruguay no se hizo esperar. Un equipo legal que representa a “Dopamina” calificó la denuncia de absurda, destacando que ni siquiera fueron notificados formalmente. Sus argumentos son contundentes: la medida cautelar de Maraniello tiene alcance limitado al territorio argentino y a la Casa Rosada, mientras que el propio Menem situó la conversación en la Cámara de Diputados. Además, subrayan que se trata de un caso flagrante de “censura previa”, violatorio de la Constitución argentina. “Lo único que hizo nuestro medio fue difundir una pieza de interés público en solidaridad con colegas argentinos a quienes se les intentó censurar”, afirmaron, advirtiendo que la acción judicial contra un medio uruguayo “no tiene antecedentes en la región y abre la puerta a un conflicto diplomático innecesario”.
El apoyo político cruzó el espectro uruguayo. Diego Riveiro González, diputado del Partido Colorado, citó históricas consignas a favor de la imprenta libre. Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, tuitéo: “Acá en este país se defiende la libertad de expresión… El periodismo está para complicarnos la vida a los políticos y eso a mí me encanta”. Desde el Frente Amplio, el senador Sebastián Sabini expresó su solidaridad con una ironía: “La libertad de prensa (no) avanza: distópica y absurda denuncia, como la época que nos toca vivir”. La pulseada por el control de la información ya trasciende las fronteras.
