Ante la negativa de funcionarios clave a declarar, la comisión del Congreso eleva la apuesta política y requiere la comparecencia de la secretaria general de la Presidencia. El oficialismo boicotea el proceso mientras crecen las críticas por el encubrimiento.
El gobierno nacional se encuentra sumergido en una nueva y profunda crisis institucional. La derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad se ven agravados por la reactivación de la investigación en el Congreso por el denominado Criptogate, un affaire que involucra directamente al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei.
La comisión bicameral, que el oficialismo intentó infructuosamente frenar, ha decidido dar un paso de enorme voltaje político: citar a declarar a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario. Las fechas establecidas para su indagatoria son el 23 o el 30 de septiembre próximo. De no acatar la convocatoria, el cuerpo legislativo se encuentra facultado para requerir el auxilio de la Justicia para garantizar su comparecencia mediante el uso de la fuerza pública.
Esta medida audaz surge como respuesta al obstruccionismo sistemático del Ejecutivo. En la primera ronda de declaraciones, los dos funcionarios convocados se abstuvieron de presentarse. Desde la oposición advierten que los citados buscarían amparo en la Justicia para eludir su obligación de rendir testimonio. En un hecho que fue calificado como de abierta rebeldía, Alejandro Melik, titular de la Oficia Anticorrupción (OA), se negó incluso a recibir la notificación que lo obligaba a comparecer, por lo que el oficial judicial debió adosar el documento en la puerta de su despacho.
La decisión de emplazar a Karina Milei, que meses atrás generaba resistencias incluso dentro de algunos sectores opositores por su carácter «destituyente», hoy cuenta con un consenso amplio. En un gesto interpretado como de buena voluntad, los legisladores ofrecieron dos fechas alternativas y contemplaron la posibilidad de trasladar la sesión de la comisión a la Casa Rosada para facilitar su declaración.
No obstante, la paciencia de los investigadores se agota. La diputada Sabrina Selva manifestó su visible molestia: “Nos encantaría ir a buscar con un patrullero a la secretaria general de la Presidencia para que de una vez dé la cara y explique, pero no es la facultad que nos estamos arrogando”. En paralelo, se cursó un pedido formal al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que instruya a sus subordinados a acatar las citaciones. De persistir el silencio, se aplicará el mismo mecanismo previsto para la hermana del Presidente.
Las sospechas sobre Karina Milei se centran en su presunto rol de coordinadora de reuniones entre el presidente y los promotores de la criptoestafa. Los investigadores sospechan que pudo haber mediado un beneficio económico a cambio de la publicación que Javier Milei realizó en su cuenta de X, el pasado 14 de febrero, promocionando el token fraudulento. Tras el estallido del escándalo, la principal asesora del mandatario enfrentó acusaciones públicas de empresarios que alegaron haber pagado una «tarifa» para obtener acceso al Presidente.
El encubrimiento desde adentro
El único testimonio recabado hasta el momento fue el de Luis Villanueva, exsubsecretario de la OA. Sus declaraciones fueron categóricas y alarmantes. Afirmó que “el rol de la OA no fue el que debía haber sido”, señalando que el organismo “no analizó cuestiones que eran muy claras” y que “no se tomó ni una sola declaración testimonial”, a pesar de estar facultado para hacerlo.
Villanueva se refirió específicamente al tuit presidencial, desestimando la defensa oficial: calificó el mensaje como “una acción de promoción, no de difusión” y afirmó que “están dadas las pruebas de una negociación incompatible con la función pública”. Añadió, de manera contundente, que “podría no haber puesto el link. El problema es que tiene información que no tenía otro, y la manera en la cual lo expresó”.
Mientras tanto, tanto Melik como María Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Transparencia e Investigación (UTI) Libra —creada por el propio gobierno para autoinvestigarse y luego disuelta sin conclusiones públicas—, enviaron notas para justificar sus ausencias. La comisión las rechazó por considerarlas carentes de fundamento legal. Melik argumentó que la investigación legislativa duplica la causa penal y que debe guardar confidencialidad so pena de incurrir en responsabilidades penales.
La diputada Mónica Frade desestimó estos argumentos, recordando que el derecho a la defensa está garantizado y que pueden concurrir con abogados. Fue más allá y apuntó directamente contra el titular de la OA: “No debería estar un minuto más en su cargo (…) mientras encubre un presunto hecho de corrupción”.
La investigación avanza en un clima de máxima tensión, con el oficialismo y sus aliados ausentándose de las sesiones, lo que profundiza la grieta entre los poderes del Estado y deja en evidencia una estrategia de bloqueo que la oposición está decidida a quebrar.
