La Corte Suprema de Brasil sentenció al expresidente a 27 años de reclusión por ser el líder intelectual de los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes del Estado. La votación de los magistrados fue contundente: cuatro a uno.
En un fallo de una resonancia histórica para la democracia brasileña, el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado este jueves a veintisiete años y tres meses de prisión en régimen cerrado. La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal lo declaró culpable de ser el cerebro de una “organización criminal” que orchestró el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuando hordas de sus seguidores vandalizaron violentamente el Palacio de Planalto, el Congreso Nacional y la sede del propio tribunal supremo.
La decisión, originalmente agendada para el viernes, se anticipó tras la conclusión de una maratónica audiencia donde, por una abrumadora mayoría de cuatro votos contra uno, se determinó la responsabilidad penal de Bolsonaro y otros siete acusados, entre los que se encuentran exministros y altos mandos militares. El veredicto sella judicialmente uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país, que vio cómo las instituciones eran atacadas con la intención de quebrar el orden constitucional.
El magistrado Alexandre de Moraes, relator del proceso, fundamentó la severa pena al identificar al exmandatario como el “comandante” de una conjura destinada a impedir por la fuerza la transmisión del mando a Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de los comicios de octubre de 2022. No obstante, Moraes aplicó atenuantes basados en la edad y el estado de salud del reo, lo que evitó que la condena alcanzara la pena máxima de cuarenta y tres años. La noticia generó una inmediata reacción de apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump hacia su aliado ideológico.
Una Conjura Contra la Democracia
La votación finalizó con el voto decisivo del presidente de la Sala, Cristiano Zanin, quien afirmó que las “evidencias permiten concluir que los acusados pretendían romper el Estado democrático de derecho”. Su postura reflejó el consenso mayoritario de la corte. Horas antes, la jueza Cármen Lúcia Antunes había sido enfática al señalar que existían “pruebas concluyentes” de que, desde 2021, un “grupo liderado por Jair Bolsonaro” intentó “abolir el Estado democrático de derecho” mediante “actos de violencia, graves amenazas, coacción” e incluso planes de magnicidio.
“Querían dañar y secuestrar el alma de la República”, sentenció la magistrada. En una intervención previa, el juez Alexandre de Moraes había alertado que, de haber triunfado el plan, “Brasil casi volvió a una dictadura”. Flávio Dino, otro de los integrantes del tribunal, advirtió que los crímenes juzgados son inamnistiables, descartando de plano cualquier eventual perdón legislativo que el bolsonarismo pudiera promover.
La discordancia llegó con el voto del juez Luiz Fux, quien abogó por la absolución al considerar que la Fiscalía General no había probado “más allá de toda duda razonable” los cargos, argumentando que los discursos del acusado no podían ser tratados como “narrativas subversivas”.
La Familia Bolsonaro y la Rechifla
Desde su arresto domiciliario, vigente desde agosto pasado, Bolsonaro se abstuvo de participar en las audiencias alegando complicaciones de salud. La mañana del fallo fue visto en el patio de su residencia en Brasilia, vestido con una polo verde y pantalón negro, en aparente calma.
La reacción no se hizo esperar en su círculo íntimo. Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, se mostró indignado a las puertas de la casa de su padre y declaró a la prensa que “no aceptarán” la condena y lucharán “hasta el fin”. Junto a su hermano, el diputado Eduardo Bolsonaro, iniciaron una campaña en redes sociales tildando el proceso de “Suprema persecución”, alegando que “quieren matar a Bolsonaro”.
Frente a estas acusaciones, el presidente Lula, en una entrevista concedida al Jornal da Band, contraatacó asegurando que existen “cientos de pruebas” que confirman la autoría intelectual de su predecesor en la asonada golpista. “Si el juez Fux no quiere ver las pruebas, es su problema”, afirmó el líder progresista, tachando además a Bolsonaro de “cobarde” por haber eludido su responsabilidad.
El Largo Camino de la Conspiración
Según la acusación admitida por el tribunal, la maquinaria golpista se puso en marcha en junio de 2021, con una campaña sistemática de desprestigio contra el sistema electoral brasileño promovida por el propio Bolsonaro. La estrategia escaló tras su derrota electoral, materializándose en protestas radicales, atentados frustrados y campamentos sediciosos frente a cuarteles militares.
El clímax de la trama se alcanzó el 8 de enero de 2023, cuando una multitud enfurecida, azuzada por la narrativa de fraude, irrumpió en el corazón del poder nacional en un ataque sin precedentes. De los ocho condenados, seis pertenecen a las Fuerzas Armadas, incluyendo al excomandante de la Marina, Almir Garnier, y a tres generales de la reserva, todos condenados a penas que oscilan entre los diecinueve y los veintiséis años de cárcel.
Tras conocerse el fallo, las defensas dispondrán de un plazo para interponer recursos de aclaración, único mecanismo legal disponible para intentar modificar la pena o postponer su cumplimiento. Esta condena, sin embargo, es solo el capítulo más grave de una extensa saga judicial que persigue al ex presidente, quien también enfrenta procesos por obstrucción a la justicia, difusión de noticias falsas y apropiación indebida de joyas de alto valor.
Mientras en las calles militantes de izquierda celebraban la decisión judicial como una victoria de la institucionalidad, los llamados a protesta del bolsonarismo congregaron a una audiencia insignificante, reflejando el aislamiento político de un líder cuya sombra larga sobre Brasil comienza a ser acotada por el peso de la ley.
