Fernando Cerimedo, dueño de un medio afín y cercano al oficialismo, declaró ante la Justicia y corroboró los audios en los que se implicaba a la hermana del Presidente y a su secretario privado en un presunto esquema de corrupción en Discapacidad.
El consultor político y propietario del sitio La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, prestó declaración testimonial ante el fiscal Franco Picardi, confirmando los explosivos dichos del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre un presunto sistema de cobro de coimas que tendría como destino final a la hermana del Presidente de la Nación, Karina Milei, y al secretario general de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
El testimonio, que se extendió por aproximadamente dos horas bajo estricto juramento, adquiere una relevancia crucial para la investigación al constituir una corroboración independiente de los audios divulgados que sacuden al gobierno. Cerimedo, una figura con vínculos estrechos con la administración actual –su pareja ocupaba un cargo jerárquico dentro de la misma agencia–, relató que Spagnuolo, a quien definió como un amigo, le fue revelando “en partes” a lo largo de varias conversaciones durante el presente año los pormenores del mecanismo ilegal.
Según la reconstrucción de los hechos, el exfuncionario habría detallado un circuito de recaudación ilícita en el área de medicamentos, que operaba mediante la intermediación de la droguería Suizo Argentina. En las grabaciones, Spagnuolo se escucha afirmar que los proveedores eran forzados a pagar un porcentaje creciente de sus operaciones, mencionando que un tres por ciento de lo recaudado “le llega a Karina”. Además, expresaba su frustración al sentirse ignorado por Javier Milei, a quien alertó de la situación, y afirmaba poseer pruebas en forma de mensajes de la hermana presidencial.
Cerimedo, si bien ratificó la existencia de estos relatos, introdujo un matiz de duda al sugerir en su declaración que nunca supo con certeza si Spagnuolo hablaba en serio o si intentaba “sacarse chapa” alardando de sus conexiones. Asimismo, se desvinculó de cualquier participación en la filtración de los audios y aclaró que su pareja, Natalia Basil, quien renunció a su dirección en la ANDIS antes del estallido del escándalo, trabajaba en un área ajena al supuesto entramado corrupto.
La causa judicial, iniciada a raíz de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, investiga los delitos de cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Hasta el momento, la pesquisa mantiene bajo la lupa a cinco individuos: el propio Spagnuolo; Daniel Garbellini, director del área de compra de medicamentos de la ANDIS; y los tres empresarios dueños de la droguería Suizo Argentina. A todos ellos se les ha secuestrado sus teléfonos celulares en el marco de una investigación que avanza bajo secreto de sumario.
La contracara: la denuncia por espionaje
En un paralelismo que es visto por muchos como una estrategia de contraofensiva oficial, avanza en otro juzgado la denuncia por “espionaje ilegal” impulsada por el gobierno nacional, la cual investigan el fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini.
En el marco de esta causa, que busca imputar a quienes filtraron los audios, declararon este jueves los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, señalados por el Ejecutivo como parte de una presunta red de espionaje. Ambos comunicadores, tras ser citados en carácter de testigos, relataron las circunstancias en las que recibieron el material y se acogieron al derecho constitucional de no revelar sus fuentes informativas. El fiscal Stornelli ha mantenido una estrategia procesal que, por el momento, impide que los denunciados se constituyan formalmente como partes, una maniobra controversial que limita su acceso a las actuaciones y su capacidad de impugnar.
Mientras la causa principal por las coimas profundiza su investigación con una prueba testifical de peso, el país asiste a un duelo judicial que enfrenta dos narrativas: una que apunta a la corrupción en las altas esferas del poder y otra que denuncia una operación de inteligencia ilegítima para desestabilizarlo.
