Una jornada de protestas en la capital federal anticipa un paro nacional masivo. La comunidad educativa y médicos pediátricos rechazaron de manera unificada el bloqueo a leyes de financiamiento, en un clima de creciente tensión con un Gobierno que responde con denuncias judiciales.
Una ola de indignación recorrió las calles porteñas este viernes, materializándose en una contundente protesta conjunta de docentes, estudiantes universitarios y trabajadores de la salud pediátrica. El motivo del reclamo unificado fue el rechazo al veto presidencial de Javier Milei a dos leyes claves: una de financiamiento universitario y otra de emergencia en pediatría, normas sancionadas por el Congreso para paliar la severa crisis presupuestaria que atraviesan ambos sectores.
La movilización, que convergió frente a la Casa Rosada, funcionó como un preludio de la manifestación nacional convocada para el próximo miércoles por la gran mayoría de los sindicatos y organizaciones del ámbito educativo y de la salud. Ese día, la oposición parlamentaria intentará, en el recinto del Congreso, revertir las decisiones del Presidente, en lo que se perfila como un nuevo y crucial pulso político.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas es casi tan antiguo como la propia gestión de Milei. Ante la imposibilidad de conseguir consenso para aprobar una ley de presupuesto, el Ejecutivo se maneja con prórrogas de la distribución de recursos de 2023, alteradas según su discrecional criterio. Las consecuencias, según estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), son devastadoras: el presupuesto universitario sufrió una merma real del 30% desde diciembre, mientras que el poder adquisitivo de salarios docentes se desplomó un 40% en el mismo período.
Oscar Alpa, titular del CIN, alertó sobre la gravedad extrema de la situación, subrayando que la autarquía y la autonomía de las casas de estudio dependen directamente de una partida presupuestaria que lleva dos años sin actualizarse. La ley vetada por el Presidente era una respuesta a este desfinanciamiento, al prever una recomposición salarial acorde a la inflación y una actualización de fondos para infraestructura y becas.
En un gesto de unidad, la protesta universitaria se fundió con la de médicos, enfermeros y personal del Hospital Garrahan y otros centros de salud pediátrica, quienes también ven cómo el veto presidencial frustra una ley de emergencia destinada a detener el vaciamiento de sus instituciones. Alejandro Lipcovich, representante de los trabajadores del Garrahan, tildó la medida de Milei de “recurso desesperado de un Gobierno en crisis” y destacó la urgencia de la recomposición salarial para frenar las renuncias masivas del personal. El nosocomio inició un paro que se extenderá hasta el domingo y se reanudará el miércoles, en apoyo a la marcha nacional.
La respuesta oficial a las demandas no se hizo esperar, aunque tomó un cariz inesperado. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció la presentación de una denuncia penal contra las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El fundamento de la acusación radica en haber publicado en la portada de su sitio web la leyenda “no al veto”, lo que el Gobierno interpreta como una utilización partidista y un bloqueo indebido del acceso al portal. Horas antes de esta denuncia, el rector Ricardo Gelpi había advertido que la UBA funciona en “estado crítico” y que implementará un plan de restricción de gastos para poder finalizar el año.
Milei justificó los vetos alegando la necesidad de “preservar el equilibrio fiscal”, en línea con su discurso de desmantelamiento del Estado. Sin embargo, para los miles que marcharon este viernes, la medida profundiza un ajuste que ya ha generado un daño estructural, setting the stage para una semana de alta tensión social y política.
