Una propuesta oficial busca derogar los descuentos del 30% al 50% para millones de hogares en regiones con bajas temperaturas, revirtiendo una expansión del beneficio que había sido aprobada en 2021 y que actualmente alcanza a la mitad de los usuarios residenciales del país.
El Gobierno de Javier Milei ha presentado ante el Congreso de la Nación un proyecto que propone la eliminación total del Régimen de Zona Fría, un beneficio que actualmente aplica descuentos sustanciales en las facturas de gas para millones de hogares ubicados en las regiones más gélidas del territorio argentino. La iniciativa oficial, plasmada en el artículo 72 de la propuesta legislativa, busca derogar los artículos de la Ley 27.637 que en 2021 amplió masivamente el programa original, incorporando a más de tres millones de nuevos beneficiarios.
El esquema, cuyo origen se remonta al Fondo Patagónico creado en 2002, fue diseñado para compensar a los habitantes de zonas con climas severos mediante una rebaja en el precio del gas, con un sentido tanto social como geopolítico para fomentar la radicación en el sur del país. Sin embargo, su ampliación durante la anterior administración extendió el beneficio a 250 departamentos en 14 provincias, llevando la cobertura a más de cuatro millones de usuarios, lo que equivale a la mitad de los consumidores residenciales de gas natural en la Argentina. Esta modificación incorporó distritos considerados templados según la normativa técnica del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), desdibujando el criterio climático inicial.
Un aspecto crucial del mecanismo es su forma de financiamiento. El régimen no se sustenta con fondos del Tesoro Nacional, sino que es solventado por el resto de los usuarios que no reciben el descuento, quienes abonan un recargo del 6,8% sobre el precio del gas en el sistema de transporte. Este sobreprecio se destina a un fondo fiduciario desde el cual se les reintegra a las distribuidoras el monto descontado a los hogares beneficiados. Las visiones críticas hacia la expansión del programa argumentan que esta estructura genera una situación inequitativa, donde un usuario de escasos recursos de una zona no beneficiaria, como el conurbano bonaerense o el Noreste del país, termina financiando, mediante ese recargo, el consumo de gas de un hogar de altos ingresos en una provincia considerada fría.
El problema se agravó cuando, tras la ampliación, la recaudación del recargo dejó de ser suficiente para cubrir los desembolsos del programa, requiriéndose inyecciones de dinero público para suplir el déficit. Para evitar mayores erogaciones estatales, la cartera de Hacienda ya incrementó en cinco ocasiones durante el presente año el valor de este recargo, que pasó de un 5,4% en enero al 6,8% actual, con la posibilidad de que se eleve aún más.
La propuesta del Ejecutivo no solo elimina el descuento base del 30% para la totalidad de los beneficiarios, sino que también suprime el descuento mayoritario del 50% que recibían grupos vulnerables como jubilados, pensionados, receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones por embarazo y personas electrodependientes. La decisión final ahora recae en el Legislativo, donde se anticipa un fuerte debate y se pondrá a prueba la postura de los gobernadores de las provincias afectadas por esta medida.
