El oficialismo anuncia incrementos en áreas sociales, pero un análisis detallado revela recortes, eliminación de pisos de financiamiento histórico y un futuro incierto para educación, ciencia, discapacidad y jubilaciones. La comunidad académica, los gremios y organizaciones civiles alertan sobre el verdadero impacto del proyecto.
Tras el mensaje televisado del presidente Javier Milei, destinado a presentar las líneas generales del Presupuesto Nacional para el año 2026, se desató una ola de críticas y advertencias desde diversos ámbitos. Lo que el mandatario enmarcó como una expansión del gasto en sectores vulnerables es interpretado por especialistas y representantes sectoriales como un nuevo capítulo de ajuste, disfrazado con cifras que no resisten el análisis.
El discurso presidencial prometía incrementos del 5% para jubilaciones, 17% para salud, 8% para educación y una partida de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales. Sin embargo, estas declaraciones chocan de inmediato con la realidad de los números. El sector universitario nacional exigía un presupuesto de al menos 7,3 billones para operar con normalidad, lo que evidencia una subejecución planificada. En paralelo, los gremios docentes señalaron que la porción del Producto Bruto Interno destinada a la enseñanza, que ya había caído estrepitosamente, se reduciría aún más, consolidando un desfinanciamiento crítico.
La polémica se intensifica con el análisis del Artículo 30 del proyecto, un punto neurálgico que ha encendido las alarmas. Esta cláusula propone la derogación de leyes que establecían pisos mínimos de financiamiento garantizado para áreas estratégicas: un 6% del PBI para educación, un 1% para ciencia y tecnología, y un 0,8% para defensa. Expertos legales como Pablo Serdán, de la Universidad de Buenos Aires, califican esta medida como un “plan de destrucción del futuro argentino”, al eliminar compromisos de inversión progresiva y garantías de no retroceso. La eliminación de estos fondos específicos, incluido el destinado a la educación técnica, perfila un escenario de conflicto con gobernadores, la comunidad científica y las Fuerzas Armadas.
En el ámbito de la discapacidad, el anunciado aumento del 5% es recibido con escepticismo. Organizaciones especializadas explican que el valor real de la pensión está atado a la jubilación mínima, que se ajusta por inflación, por lo que el porcentaje anunciado no se traduce en una mejora concreta. La preocupación mayor reside en la drástica reducción en la cantidad de beneficiarios. Una auditoría en curso ya suspendió miles de pensiones, y las metas físicas del presupuesto proyectan otorgar casi 200.000 prestaciones menos que a mediados de este año, dejando a una gran cantidad de personas fuera del sistema.
El sector de la salud también recibe con desconfianza el supuesto incremento del 17%. Autoridades sanitarias provinciales, como el ministro bonaerense Nicolás Kreplak, sostienen que, tras dos años de severos recortes que debilitaron hospitales e institutos nacionales, este porcentaje resulta insuficiente y parece más una estrategia electoral que una política de Estado seria. Informes técnicos detallan caídas de más del 50% en áreas vitales como la superintendencia de servicios de salud y el Instituto Nacional del Cáncer.
Para los jubilados, la promesa de un 5% de aumento también se revela como un espejismo. Expertos en previsión social aclaran que este número no significa un incremento directo de los haberes, sino una proyección global sujeta a que la inflación baje según las optimistas previsiones del oficialismo. Si la realidad económica no se ajusta a ese pronóstico, los adultos mayores no verán mejora alguna en sus magros ingresos.
Este panorama se debate en un contexto de alta tensión política, en vísperas de una sesión clave en la Cámara de Diputados que definirá el destino de los vetos presidenciales a leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. La contradicción entre vetar normas que buscan compensar áreas críticas y presentar un presupuesto que promete mejoras, erosiona la credibilidad del Gobierno. Las calles, con manifestaciones de jubilados, personas con discapacidad y la comunidad educativa, son el termómetro de un descontento social que parece lejos de apaciguarse con un proyecto que, en letra chica, planifica más ajuste para el año entrante.
