El fiscal Ramiro González imputó formalmente a Demian Reidel, anterior titular de la empresa estatal, y ordenó una pesquisa penal ante presuntos actos de corrupción vinculados a gastos injustificados, ausencia de controles y operaciones incompatibles con la función pública. La investigación, que abarca desde marzo de 2025 hasta febrero de 2026, salpica a miembros del directorio y de la sindicatura.
En un giro decisivo dentro de la causa que conmueve los cimientos de la administración pública energética, el fiscal federal Ramiro González procedió a imputar al extitular de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, al tiempo que habilitó formalmente una instrucción penal orientada a desentrañar las presuntas anomalías cometidas durante su gestión al frente de la compañía estatal, concluida en febrero del año pasado. El expediente tomó estado público tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, que alcanzó no solo al exfuncionario sino también a integrantes del directorio, la sindicatura y otros agentes vinculados con el manejo de una tarjeta corporativa asociada a la cuenta número 338402.
El representante del Ministerio Público Fiscal impulsó la pesquisa con el objeto de determinar si existieron “irregularidades con relevancia penal” en la administración y disposición de los fondos canalizados a través de ese plástico empresarial durante el lapso comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período tras el cual Reidel fue apartado del directorio en medio de un cúmulo de escándalos vinculados a sospechas de corrupción. En la denuncia original se mencionan un abanico de posibles delitos, entre los que sobresalen la administración fraudulenta en detrimento de la hacienda pública, el peculado, la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función estatal y el incumplimiento de los deberes inherentes a todo funcionario público.
Dentro del pedido de instrucción, González también extendió el señalamiento a los miembros del Directorio y de la Sindicatura de la empresa, a quienes atribuyó una presunta omisión en las labores de fiscalización, supervisión y autorización de los desembolsos corporativos efectuados. La pesquisa cobró un ritmo acelerado luego de la difusión de un documento titulado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, incorporado a la Cámara de Diputados como respuesta a una solicitud de acceso a la información pública presentada por la legisladora Florencia Carignano.
El corazón de la imputación revela, según el dictamen fiscal, que el mencionado reporte contiene fechas, descripciones de movimientos e importes en pesos y moneda extranjera correspondientes a consumos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El fiscal sostuvo que del análisis primigenio de esas operaciones “surgirían erogaciones que, a simple vista, aparecerían como ajenas al objeto social y a la finalidad institucional” de la compañía. Asimismo, González acentuó que la documentación aportada no permitía discernir quién era el titular ni el usuario responsable de cada transacción, ni tampoco esclarecía si los gastos fueron ejecutados con una sola tarjeta o con múltiples plásticos adicionales. A ello sumó la ausencia de una rendición documentada acerca del destino institucional de cada uno de los consumos incluidos en el informe.
En otra sección de su dictamen, el magistrado advirtió que, incluso en el hipotético caso de que algunos gastos hubiesen correspondido a viajes oficiales, los desembolsos detectados podrían resultar incompatibles con la normativa vigente en materia de viáticos. Como primeras medidas probatorias, el fiscal solicitó la incorporación formal del reporte de gastos al expediente, la identificación plena de todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada, y el requerimiento de información bancaria detallada sobre cada operación efectuada —incluyendo fecha, comercio, monto y usuario del plástico utilizado—. De esta manera, la investigación promete desnudar un entramado de presuntas irregularidades que podrían alcanzar dimensiones mayúsculas.
Los antecedentes de corrupción que precipitaron la salida de Reidel no se agotan en el mal uso de las tarjetas corporativas. El exfuncionario presentó su renuncia a Nucleoeléctrica Sociedad Anónima el 9 de febrero pasado, luego de haber sido denunciado por diversos hechos ilícitos que involucran sobreprecios en productos y servicios del organismo, así como por señalamientos vinculados al pago de deudas personales con activos de dudosa procedencia. La primera denuncia apuntó a irregularidades en procesos licitatorios, puntualmente en un contrato de limpieza de las centrales nucleares de Atucha que habría conllevado un sobreprecio estimado en más del 140 por ciento respecto del convenio vigente y de los valores históricos del servicio.
Posteriormente, el entonces titular de la compañía recibió una nueva acusación por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), gremio que lo señaló por haber adquirido un software para las centrales por siete millones de dólares —lo que representa un sobreprecio superior al mil por ciento—. El programa en cuestión es un sistema de gestión administrativo denominado SAP S/4HANA que, según las investigaciones sindicales, tendría un valor real de apenas 600.000 dólares. A raíz de ello, se exigió la anulación de la compra, tal como ocurrió con el servicio de limpieza. Finalmente, Reidel también quedó en el punto de mira a fines de enero por haber cancelado deudas personales por 825 millones de pesos en apenas 18 días. Aunque el exfuncionario rechazó las imputaciones y sostuvo que el dinero provenía de operaciones “transparentes” asentadas en su declaración jurada, hasta el momento no ha logrado acreditar fehacientemente el origen de los fondos, lo que añade espesor a la madeja judicial que ahora deberá desenredar el fiscal González.
