Con un amplio respaldo transversal, la Cámara Alta se encamina a insistir con la norma que obliga al reparto proporcional de fondos a las provincias, desafiando la política de manejo discrecional de los recursos por parte de la administración nacional.
El Senado Infligiría una Nueva Derrota al Gobierno Nacional
En una jornada cargada de tensión política, el Senado de la Nación se apresta a asestar un contundente golpe al Poder Ejecutivo. El bloque opositor, con un apoyo que trasciende las fronteras partidarias, ha conseguido reunir los votos indispensables para imponerse y dejar sin efecto el veto presidencial de Javier Milei a la ley que establece un reparto automático y proporcional de las partidas correspondientes a la Coparticipación Federal de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Esta iniciativa legislativa, gestada y promovida de manera unánime por los veintitrés mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, surge como una respuesta contundente a la estrategia del oficialismo, la cual ha consistido en retener los fondos constitucionalmente destinados a las jurisdicciones para luego distribuirlos de forma fragmentada y bajo su exclusivo criterio, un método calificado por los gobernadores como arbitrario y lesivo para el federalismo.
El amplio consenso que rodea a esta propuesta quedó de manifiesto en su aprobación inicial el pasado 10 de julio, cuando la Cámara alta la sancionó con una abrumadora mayoría de 56 votos a favor y una única negativa, en una sesión marcada por la ausencia de los legisladores libertarios y de aquellos alineados con gobernadores que mantienen acuerdos políticos a nivel local con La Libertad Avanza. Para concretar la rechazo al decreto presidencial, la oposición requiere reunir un mínimo de 48 adhesiones, la cifra mágica que representa los dos tercios del hemicycleo y que, según las previsiones, ya habría conseguido. De lograrse, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para su definición final.
La sesión de hoy también abordará otros asuntos de gran relevancia social. Entre ellos, se encuentra el tratamiento de la denominada “Ley Nicolás”, una normativa destinada a reforzar los protocolos médicos para evitar diagnósticos incorrectos y negligencias, impulsada tras el trágico fallecimiento del joven Nicolás Deannise. Asimismo, se debatirá la creación de un “Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas”, se otorgará estatus legal al sistema de alerta temprana “Alerta Sofía” y se pondrá en consideración un proyecto que busca incrementar las sanciones penales para quienes causen accidentes de tránsito.
