Un triple asesinato de mujeres en situación de vulnerabilidad conmociona a la Argentina, exponiendo la intersección entre la violencia machista, el desamparo estatal y la dependencia económica internacional en un año electoral decisivo.
La noticia del femicidio de tres jóvenes en situación de pobreza estremeció los cimientos de una sociedad ya golpeada. Este hecho luctuoso, sin embargo, rápidamente trascendió el plano del dolor individual para insertarse en un escenario nacional de crisis económica, social y política. Desde el colectivo Ni Una Menos se alzó una voz clara, señalando que “el antifeminismo de Estado y el ajuste son letales”, una declaración que resonó con la experiencia de otros sectores severamente castigados por las políticas oficiales, como los adultos mayores, la infancia enferma o las personas con discapacidad. Esta sintonía no es casual, ya que refleja el abandono gubernamental de quienes más necesitan protección y reconocimiento.
Lejos de cualquier intento de especulación mezquina sobre una tragedia abominable, es ineludible reconocer que el crimen posee un contexto social y de género que lo convierte, inevitablemente, en un hecho político. Esto no implica una partisanización del duelo, sino la comprensión de que las soluciones estructurales emanan de decisiones políticas que la actual administración se niega a tomar. La demanda de justicia, que trasciende colores partidarios, chocó de inmediato con la retórica oficial. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó su fastidio ante el comunicado de Ni Una Menos, desestimando la categoría de crimen de género y lanzando argumentos para endosar la responsabilidad a la provincia de Buenos Aires y al municipio de La Matanza.
En medio de la congoja y la elocuente demanda de justicia por parte de los familiares, la diputada Silvana Giúdice incurrió en un acto de demagogia al intentar señalar al kirchnerismo. Fue la propia madre de una de las víctimas quien, con dolorosa lucidez, zanjó la discusión: “No quiero que metan la política en esto —sostuvo— sólo queremos justicia”. Mientras esta disputa doméstica ocurría, la escena internacional pintaba un cuadro de desesperación presidencial. En paralelo a la divulgación de los escabrosos detalles del crimen, el presidente Javier Milei se exhibía en Estados Unidos con un patético papel que ampliaba un mensaje de apoyo de Donald Trump.
Arrinconado por una crisis financiera y política de magnitudes históricas, el mandatario argentino ansiaba una reunión en la Casa Blanca que nunca se concretó. Trump, enfocado en la Asamblea General de la ONU, lo recibió por unos minutos en un encuentro que fue descrito como un acto de sumisión. Al día siguiente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, desplegó un programa de ayuda condicionado a los resultados de las elecciones de octubre, un claro mecanismo de presión electoral. La respuesta del gobierno local fue de una sumisión absoluta, revocando en cuestión de horas medidas que habían enfurecido a sus bases de apoyo, como la eliminación de retenciones al sector agroexportador.
Este episodio evidenció el grado de condicionamiento externo sobre la soberanía nacional. Exigencias como una devaluación poselectoral, el restablecimiento de impuestos a las exportaciones, el establecimiento de una base militar norteamericana en Tierra del Fuego y el distanciamiento de China forman parte de un paquete conocido de demandas de Washington. El interés fundamental de la administración Trump es geopolítico: ante el avance comercial imparable de China en América Latina, Estados Unidos busca convertir a una Argentina debilitada en la punta de lanza de sus intereses en la región.
Los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que no dejaron desarrollo sino una deuda récord, y el nuevo programa de ayuda estadounidense, que promete más endeudamiento, funcionan como instrumentos de ocupación financiera. Estas deudas impagables, cargadas de condicionamientos colonialistas, no se saldan con dinero, sino con la pérdida progresiva de soberanía, independencia y cualquier posibilidad de justicia social. En este marco, la tragedia de estas tres mujeres se erige como un símbolo desgarrador de un país entregado a la intemperie, donde la vida de los más vulnerables paga el precio de una dependencia que ahoga el futuro.
