Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se autoriza la venta del 49% de Nucleoeléctrica Argentina. El Estado conservará el control mayoritario, mientras empleados accederán a un 5% del paquete accionario.
El Poder Ejecutivo concretó este martes el esperado decreto que dispone la capitalización parcial de la empresa estatal responsable de la operación de los complejos nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, que había sido anticipada a este medio por voceros oficiales hace dos semanas, quedó formalizada a través del Decreto 695/24, publicado en las primeras horas de la madrugada en el Boletín Oficial.
La normativa faculta la implementación de la transacción accionaria bajo los lineamientos establecidos por la Ley de Bases 27.742, que habilita al Estado a abrir el capital de compañías públicas, aunque preservando su participación mayoritaria y el control estratégico. En este marco, se establece que toda decisión fundamental –como la construcción de nuevas centrales, la expansión de capacidad o el retiro de instalaciones por causas no técnicas– deberá contar con la aprobación del Ejecutivo.
Según lo dispuesto, el 44% del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) será ofrecido “en bloque” mediante un proceso de licitación pública de alcance nacional e internacional. La cartera económica, a través de la flamante “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, estará a cargo de la operación.
Paralelamente, se activa el Programa de Propiedad Participada, que reserva un 5% de las acciones para los trabajadores de la empresa, en línea con lo previsto por la legislación vigente. El texto del decreto subraya que la medida busca “ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y fortalecer su gestión bajo control estatal”.
El Estado nacional, por su parte, mantendrá el 51% de las acciones, las cuales serán administradas por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El fundamento de la iniciativa incluye la necesidad de financiar proyectos estratégicos, entre los que se mencionan la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I –cuya reincorporación al sistema eléctrico está prevista para 2027– y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II, clave para la operación continua de Atucha II.
Como paso previo a la licitación, Energía Argentina S.A. transferirá a la Secretaría de Energía el 1% que actualmente posee de NA-SA, mientras que el Ministerio de Economía –hoy titular del 79% del capital– y la CNEA, con un 20%, deberán ajustar sus participaciones para cumplir con el nuevo esquema.
La autoridad de aplicación del proceso será el Ministerio de Economía, que dictará las normas operativas y complementarias necesarias, con la participación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.
De esta manera, el Gobierno avanza en uno de los procesos de reforma estructural del sector energético más significativos de los últimos años, en un intento por inyectar capital privado a la operación nuclear sin ceder el control accionario ni las decisiones estratégicas del parque generativo atómico nacional.
