Legisladores oficialistas y aliados presentaron un proyecto para excluir al diputado libertario de su cargo por «inhabilidad moral», mientras crece el reclamo para que deje la presidencia de la Comisión de Presupuesto. La investigación judicial en Texas revela transferencias millonarias y beneficios logísticos de una fuente condenada por tráfico de drogas.
Una fuerte ofensiva política se desató en la Cámara de Diputados contra José Luis Espert, cuyo lugar en el Congreso y al frente de la crucial Comisión de Presupuesto es cuestionado tras revelarse sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Un proyecto de resolución, impulsado por las diputadas Victoria Tolosa Paz y Agustina Propato, y respaldado por un amplio espectro de legisladores, busca su expulsión directa del cuerpo parlamentario bajo la acusación de «inhabilidad moral sobreviniente».
La iniciativa, que cuenta con el aval de veintiocho representantes de Unión por la Patria y del bloque Coherencia –donde se encuentran exlibertarios como Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro–, apela al artículo 66 de la Constitución Nacional para fundamentar la exclusión del economista. El pedido se basa en los graves hechos de público conocimiento que lo relacionan con redes de narcotráfico y fraude, los cuales, a juicio de los firmantes, inhabilitan su capacidad moral para ejercer el mandato.
Paralelamente, desde el oficialismo se intensificó el reclamo para que Espert abandone inmediatamente la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. Germán Martínez, jefe de la bancada de UxP, manifestó con contundencia en sus redes sociales que resulta imposible llevar adelante un debate serio sobre la Ley de Presupuesto 2026 con una figura acusada de tener financiamiento narco al mando de la comisión. «¿Cualquier funcionario que vaya a explicar cuestiones del presupuesto se va a sentar al lado de una persona en esa situación?», se preguntó, instando a los demás bloques a tomar conciencia de la gravedad institucional.
Las declaraciones de Martínez no se hicieron esperar frente a la defensa del propio Espert, quien tildó las acusaciones de una «campaña sucia». El diputado oficialista respondió que la única campaña sucia fue la que el libertario realizó en 2019 y 2021, financiada, según la causa judicial, con «plata sucia del narco».
La presión no cesó, y varios integrantes del bloque oficialista elevaron su tono. La diputada Sabrina Selva consideró que Espert no solo debe dejar la comisión, sino también su banca en el Congreso. En la misma línea, Gabriela Estévez calificó la situación de extremadamente grave, argumentando que la creciente evidencia le quita toda legitimidad para permanecer en un cargo de semejante responsabilidad. «Cuidemos las instituciones», exhortó.
Los fundamentos del pedido de expulsión se nutren de una investigación judicial radicada en Texas, Estados Unidos. Dicha causa documenta presuntos aportes financieros y logísticos del empresario Henry Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019. Entre las pruebas citadas se destaca una transferencia de doscientos mil dólares recibida en 2020, proveniente de un fideicomiso vinculado a Machado y a la empresaria Debra Mercer-Erwin, quien actualmente cumple una condena de dieciséis años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Asimismo, se menciona el uso de un jet privado y una camioneta Grand Cherokee puestos a disposición del diputado durante sus actividades proselitistas.
Al cerrar esta jornada de fuertes cuestionamientos, la diputada Tolosa Paz recordó que meses atrás más de cuarenta legisladores ya habían solicitado la remoción de Espert de la comisión por bloquear proyectos clave. «Hoy la situación es todavía más grave», afirmó, «siguen saliendo a la luz sus vínculos con el narcotráfico, que hacen que sea insostenible que siga un minuto más en ese cargo». El escándalo, lejos de apaciguarse, profundiza una crisis que pone en jaque no solo a un legislador, sino a la credibilidad de una de las discusiones más importantes del año.
