Un contrato millonario, descubierto en la vivienda de un empresario vinculado al narcotráfico, revela transacciones no declaradas que comprometen al legislador José Luis Espert y exponen contradicciones en su relación con el Gobierno nacional.
En un giro sorprendente para la escena política, un documento contractual por un millón de dólares, suscrito entre el empresario Federico «Fred» Machado —actualmente encausado por narcotráfico— y el diputado libertario José Luis Espert, fue localizado en el domicilio del primero, situado en Viedma. El hallazgo se registró en el marco de un procedimiento paralelo ejecutado por la Policía Federal, previo al traslado de Machado a un establecimiento penitenciario local y su posterior deportación a los Estados Unidos.
El contrato, que presentaba visibles deterioros —quemaduras y manchas— y fue rescatado de un recipiente de desechos, constituye una prueba contundente de que el acuerdo económico entre las partes excedía con creces la cifra de doscientos mil dólares que el excandidato presidencial admitió públicamente haber percibido. Este descubrimiento arroja nuevas sombras sobre la veracidad de las declaraciones ofrecidas por el legislador.
Paralelamente, trascendió que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ya había comunicado formalmente a las autoridades argentinas la situación procesal del narcotraficante en dicho país. Esta notificación respondió a una solicitud explícita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que indica que la funcionaria poseía información detallada sobre el caso en el preciso momento en que públicamente instaba a Espert a que brindara explicaciones.
Mientras tanto, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, solicitó formalmente a la Cámara de Diputados —presidida por el también libertario Martín Menem— la autorización correspondiente para iniciar medidas de registro e incautación de bienes pertenecientes a José Luis Espert. Este requerimiento judicial se produce después de que el legislador solicitara una licencia y fuera formalmente imputado por el fiscal Fernando Domínguez, bajo la acusación de lavado de activos.
Los Pormenores de un Acuerdo Millonario
La historia del documento, fechado el 7 de junio de 2019 —apenas dos semanas antes del lanzamiento oficial de la candidatura presidencial de Espert—, detalla un contrato de «locación de servicios». El mismo estipulaba el desembolso inmediato de cien mil dólares en el acto de la firma, estableciendo el saldo restante en nueve cuotas mensuales, consecutivas e iguales, de cien mil dólares cada una, las cuales debían ser abonadas mediante transferencia bancaria.
El texto contractual es explícito: el precio total por los servicios encomendados ascendía a la suma de un millón de dólares estadounidenses. Además, incluye cláusulas donde «el comitente» —Machado— renuncia de manera expresa e irrevocable a alegar fuerza mayor o la teoría de la imprevisión, asegurando así el cumplimiento de los pagos en la moneda pactada.
Machado, quien además apoyó la campaña de Espert con al menos 36 viajes en aeronave privada y una camioneta blindada, firmó el contrato en representación de «Minas del Pueblo», una empresa guatemalteña que la Justicia estadounidense ha señalado como parte de la estructura delictiva del empresario, procesado por narcotráfico, lavado de dinero y estafa.
Según los términos del acuerdo, Espert se comprometió a realizar un «análisis de mercado» y a brindar un «asesoramiento integral» para la refinanciación de deudas y la confección de un «plan estratégico de ampliación y crecimiento» para la empresa, con un seguimiento periódico de los avances.
Desmentidas y Deslindes de Responsabilidad
Frente a la divulgación del contrato, que evidenció la verdadera magnitud económica del convenio —diez veces superior a lo inicialmente reconocido—, fuentes allegadas a la Jefatura de Gabinete intentaron distanciarse del creciente escándalo. Afirmaron que el diputado nunca informó sobre estos detalles y subrayaron que ni el presidente Javier Milei ni ningún miembro de su gobierno consentirían la falsificación de declaraciones o mentiras en asuntos de tal gravedad.
«Nos mantenemos al margen de la acción judicial. Corresponderá a la justicia investigar y eventualmente juzgar a Espert como a cualquier otro ciudadano; aquí no existen privilegios. Si el diputado engañó al Presidente, defraudó su confianza y deberá afrontar las consecuencias que de ello se deriven», señalaron las mismas fuentes a un medio nacional.
Este episodio no sólo profundiza la crisis política en torno al legislador, sino que también instala preguntas incómodas sobre la financiación de las campañas y la naturaleza de los vínculos entre el mundo político y empresarial, en un caso que parece lejos de alcanzar su desenlace.
