Funcionarios oficiales presentaron en el Coloquio de IDEA un plan para eliminar los convenios por actividad, facilitar despidos y promover acuerdos por empresa. Aseguran que la medida generaría más empleo, pero críticos advierten sobre un posible deterioro de los derechos de los trabajadores.
El Gobierno impulsa un cambio histórico en las relaciones laborales
En el marco del Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata, altos funcionarios del Gobierno nacional esbozaron los lineamientos centrales de una futura reforma laboral que apunta a modificar de raíz la estructura de las relaciones entre empleadores y trabajadores. El anuncio, que contó con la presencia de referentes empresariales y recibió aplausos de los principales directivos, promete eliminar los convenios colectivos de trabajo para flexibilizar las condiciones de contratación y despido.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fueron los oradores encargados de detallar las bases de esta transformación. Cordero, considerado el representante del establishment industrial en la gestión libertaria, subrayó la necesidad de “actualizar” los convenios colectivos, a los que calificó como obsoletos por su “tiempo de duración muy largo”. Propuso, además, que los acuerdos por empresa primen sobre los de actividad, una idea que ya fue ensayada en el pasado con el objetivo declarado de restarle influencia a las organizaciones sindicales.
Minutos antes, Sturzenegger había expuesto en la misma dirección. El ministro cuestionó el sistema de paritarias nacionales y sectoriales, y lo contrastó con modelos regionales como el alemán, que –según afirmó– permiten emplear con salarios más bajos en zonas menos productivas. Esta visión implicaría, en la práctica, una nivelación hacia la baja de los ingresos de los trabajadores y una fragmentación de la negociación a nivel provincial. “El convenio inferior prevalece sobre el convenio superior”, sentenció Sturzenegger, quien aseguró que esta política incrementaría el empleo en el norte argentino en un 16%.
Durante su intervención, el ministro de Desregulación también recriminó con tono cordial a los empresarios presentes por no haber presentado propuestas concretas en materia de flexibilización laboral. “El Gobierno les da la libertad para diseñar el contrato laboral que quieran, y no hacen nada, muchachos. No se entiende”, manifestó, instándolos a asumir un papel más activo en el debate que se avecina.
Otra de las iniciativas destacadas fue la denominada “incrementos salariales dinámicos”, mediante la cual los empleados considerados “más productivos” podrían acceder a subas discrecionales en sus haberes. Cordero defendió esta idea al afirmar que “no es igual remuneración por igual tarea”, y que resulta necesario que “quien trabaja más tenga mejor retribución”. Este esquema introduciría un componente de diferenciación salarial que, según sus críticos, podría profundizar la desigualdad entre los trabajadores.
El funcionario también se refirió al clima social, señalando que, pese a hallarse en época electoral, se mantiene una “paz social” que, según su visión, contradice los pronósticos más alarmistas. Sin embargo, este optimismo contrasta con las últimas cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino, que registra una pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo entre fines de 2023 y julio de 2025, con caídas notorias en la industria y la construcción.
La reforma también incluye entre sus prioridades la modificación del régimen de juicios laborales, un tema que desde IDEA consideraron “pendiente de discusión”. Cordero cerró su presentación con una afirmación polémica: sostuvo que las nuevas generaciones ya no desean trabajar en relación de dependencia, y cuestionó la idea de que el trabajo autónomo deba ser visto como “carente” de derechos en comparación con el empleo registrado.
Con este planteo, el Gobierno no solo reabre un debate histórico, sino que redefine los ejes de la política laboral en la Argentina, en un contexto marcado por la crisis del empleo y la presión por generar condiciones más favorables para el sector empresarial.
