La Dirección Nacional Electoral incorporó una polémica categoría de «voto popular» en el simulacro del escrutinio provisorio, una figura ajena a la ley que unificaría resultados a nivel nacional. La oposición denuncia una estrategia para distorsionar la percepción del resultado real y favorecer al oficialismo en la noche electoral.
La Dirección Nacional Electoral, un organismo técnico que funciona bajo la órbita del Ministerio del Interior, llevó a cabo durante el fin de semana un ensayo general del escrutinio provisorio de los comicios legislativos del 26 de octubre. Lo que en principio se presentó como un ejercicio de rutina para pulir los mecanismos de transmisión y conteo de sufragios, terminó por develar una operación de neto corte político cuyas implicancias alarman a la oposición.
El núcleo de la controversia reside en la introducción de una categoría analítica sin sustento legal: el denominado “voto popular” a escala nacional para las bancas de diputados y senadores. Esta figura, inexistente en la legislación electoral argentina, permitiría proyectar un resultado unificado por alianza en todo el territorio, imitando la lógica de un sistema presidencialista en elecciones que, por mandato constitucional, son esencialmente distritales.
Según pudo establecerse, la intención del Gobierno Nacional sería construir una “fotografía” artificial que exagere su performance en los reportes iniciales del escrutinio. La maniobra se sustenta en una decisión clave: para este cómputo agregado, solo se contabilizarán las alianzas que posean una denominación idéntica en todas las jurisdicciones. Este criterio, aparentemente técnico, beneficia de manera directa a La Libertad Avanza, única fuerza que cumple con esa característica, al tiempo que excluye de la sumatoria nacional a una multiplicidad de expresiones provinciales del peronismo y de otros espacios opositores que compiten bajo sellos locales.
El efecto buscado es contundente: el mapa de resultados que se exhibirá en el portal oficial presentaría a La Libertad Avanza como la fuerza política de mayor arraigo en el país, una imagen que podría contrastar de manera radical con el escrutinio legal, distrito por distrito. Se estima que esta metodología dejaría fuera del recuento unificado a, por lo menos, nueve provincias con una sólida presencia peronista.
Desde el seno del justicialismo se interpreta esta movida como un intento deliberado de manipular la percepción ciudadana y, de manera crucial, la reacción de los mercados financieros durante la noche de la elección y la jornada siguiente. La construcción de una “foto de triunfo” oficialista, aunque se base en un parámetro extralegal, sería instrumentalizada para influir en el clima económico y político, e incluso en las tratativas internacionales.
Aunque el Ministerio del Interior justificó el simulacro en la búsqueda de una transmisión más ágil y una presentación más ordenada, la inclusión del “voto nacional” no se desprende de ninguna normativa del Código Electoral ni de resoluciones precedentes de la DINE. Durante el ensayo, se pudo observar en las pantallas un cuadro de resultados titulado “Argentina – Diputados Nacionales”, una circunscripción ficticia dado que las bancas se eligen por provincia y la Carta Magna no prevé ningún tipo de escrutinio agregado a nivel país para las cámaras del Congreso.
Ante esta situación, el peronismo no permanece impasible. Dirigentes del Partido Justicialista ya han anunciado una ofensiva legal que incluirá la presentación de denuncias penales, recursos de amparo ante la Cámara Nacional Electoral y reclamos formales en los tribunales provinciales con competencia electoral. Como fundamento, esgrimirán un fallo reciente de la Cámara Nacional Electoral que, al establecer la «unidad de identidad» entre distintas expresiones del peronismo, refuerza la obligación de una nítida identificación partidaria.
Paralelamente, la oposición se prepara con un sistema de recuento propio, diseñado para contrastar en tiempo real los datos que difunda el organismo oficial. El objetivo es neutralizar cualquier intento de imponer una narrativa de victoria basada en una manipulación de los criterios estadísticos. “El Gobierno pretende construir un resultado simbólico para los medios y los mercados. No existe el distrito ‘Argentina’ para diputados o senadores. Es un intento burdo de mostrar lo que no es”, afirmó un experimentado operador electoral del PJ.
A una semana de los comicios, la revelación de esta estrategia gubernamental proyecta una sombra de duda sobre la transparencia del proceso y expone la desesperación de un oficialismo que, en lugar de confiar en el veredicto de las urnas, parece inclinarse por fabricar una ilusión de triunfo. Un mal presagio para la salud democrática.
