Una comitiva de altos funcionarios incurrió en costosos gastos para asistir a un evento de dudosa relevancia para la Argentina, generando un fuerte cuestionamiento en medio de la campaña de ajuste.
En un contundente contraste con el riguroso mensaje de recorte del gasto público, estalló una polémica que compromete a cinco altos representantes del gobierno de Javier Milei. La situación se desencadenó tras conocerse un viaje oficial a la exótica y diminuta isla caribeña de San Cristóbal y Nieves, un destino paradisíaco que parece alejado de cualquier noción de austeridad.
La comitiva, liderada por Fernando Brun, se trasladó para participar en la “Semana de la Agricultura del Caribe”, un evento de escasa trascendencia para los intereses nacionales. Sin embargo, lo que verdaderamente encendió las alarmas fue el nivel de los desembolsos realizados con fondos estatales. Los gastos incluyeron pasajes en primera clase y estadía en un resort de lujo, el “St. Kitts Marriott Beach Resort”, donde una habitación puede alcanzar los seiscientos dólares por noche.
El periplo se desarrolló entre finales de septiembre y principios de octubre. Acompañando a Brun, viajaron el director Nacional de Cooperación Internacional, Mateo Estreme; el embajador argentino en Barbados, Ciro Ciliberto; el Director de Integración Económica, Marcos Stancanelli, y el Subsecretario de Agricultura, Manuel Chiappe.
Ante las crecientes críticas, fuentes de la Cancillería salieron al cruce de las acusaciones, confirmando que únicamente Fernando Brun, debido a su rango de secretario de Estado, utilizó un pasaje en clase business, cuyo valor ronda los diez mil dólares. A este significativo desembolso se le deben sumar los viáticos diarios, que superaban los trescientos cincuenta dólares para cada uno de los cinco funcionarios, más la ya mencionada costosa reserva hotelera.
Este episodio genera un serio conflicto de imagen para la administración, ya que la opulencia del viaje choca frontalmente con el discurso oficial que promueve un férreo control del erario público y sacrificios para la ciudadanía. La justificación de la asistencia al evento no logra opacar la percepción de un dispendio innecesario, sembrando dudas sobre la coherencia entre las palabras y los hechos del gobierno.
