A pocos días de los comicios legislativos, el oficialismo anuncia un paquete de medidas destinado a impulsar inversiones, mientras enfrenta críticas por incumplir leyes sociales y mantener un discurso confrontativo.
En un escenario electoral marcado por la presión internacional y la necesidad de reposicionarse tras un año de desgaste y reveses parlamentarios, el Gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha una nueva etapa de su agenda reformista. Bajo la exigencia de Estados Unidos de consolidar su poderío en las legislativas de medio término, la administración libertaria avanza con la segunda fase de un plan que busca allanar el camino para las inversiones privadas y profundizar la desregulación estatal.
La estrategia incluye el envío al Congreso de una “Ley Bases II”, que completaría los aspectos omitidos en la normativa aprobada en junio de 2024. Así lo confirmó Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, quien compareció ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda en sustitución de otros funcionarios ausentes. La presencia de Cacace se produjo en el mismo día en que el Gobierno oficializó la decisión de no transferir las partidas correspondientes a la Ley de Financiamiento Educativo, una medida que generó malestar en el arco opositor y en la comunidad académica.
Según explicó el representante oficialista, el nuevo proyecto legislativo recogerá los postulados del Pacto de Mayo, suscrito por dieciocho gobernadores, y abarcará una serie de ejes considerados prioritarios: la protección absoluta de la propiedad privada, el equilibrio fiscal como principio innegociable, la reducción del gasto público hasta representar el veinticinco por ciento del Producto Bruto Interno, y la modernización de los sistemas educativo, tributario y laboral. Asimismo, se prevé una revisión del sistema de coparticipación federal, la promoción de la explotación de recursos naturales y la apertura comercial internacional.
Cacace adelantó que el oficialismo concretará el envío de las iniciativas el 15 de diciembre, una vez que se renueven las bancas legislativas. Sin embargo, este llamado al diálogo contrasta con las declaraciones del presidente Milei, quien en horas previas tildó al Congreso de “golpista” y denunció una actitud “destituyente” por parte de los bloques opositores.
La realidad numérica plantea, no obstante, un desafío mayúsculo para el oficialismo. Aun en el mejor de los escenarios electorales, no alcanzará los escaños necesarios para formar mayoría propia, por lo que dependerá de acuerdos con gobernadores, aliados políticos y sectores centristas. El resultado de los comicios determinará la fortaleza con la que el Gobierno enfrente esas negociaciones.
Paralelamente, desde el Ministerio de Desregulación se enfatizaron los logros en materia de reducción del Estado. Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado, destacó durante su intervención que se ha conseguido un recorte superior al veinte por ciento en la estructura estatal, con un ahorro estimado en dieciocho mil millones de pesos. “Ese ahorro es devolverle el dinero a los argentinos”, afirmó, al tiempo que detalló la eliminación de cuatrocientas áreas públicas y el despido de cincuenta y cuatro mil empleados estatales en el último año y medio.
Pese a estos anuncios, persiste una crítica central hacia la gestión: el superávit fiscal no se ha traducido en una mayor inversión social. De hecho, el Ejecutivo mantiene el incumplimiento de leyes sancionadas por el Parlamento, vetadas y luego ratificadas, como las normativas de Emergencia en Discapacidad, Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría. Esta contradicción entre el discurso de eficiencia y la falta de fondos para áreas sensibles sigue siendo uno de los flancos más débiles de un gobierno que busca, contra viento y marea, imponer su relato de transformación.
