Una grave acusación judicial sacude a la cúpula gubernamental: se los señala por haber cedido de manera ilegítima el control de la política cambiaria a los Estados Unidos, en un hecho sin precedentes que comprometería las bases del Estado argentino.
Una grave denuncia penal fue interpuesta ante los tribunales federales en contra del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el excanciller Gerardo Werthein y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. La presentación judicial los acusa de haber cometido delitos que atentan directamente contra la soberanía nacional.
Según los planteos efectuados, los máximos representantes del Poder Ejecutivo habrían incurrido en una ilegítima e irregular delegación de la ejecución de la política cambiaria argentina en favor de una potencia extranjera, específicamente los Estados Unidos. La presentación sostiene con firmeza que estos ilícitos se concretaron mediante la injerencia fáctica de dicha potencia en el Mercado Único y Libre de Cambios, ámbito que por ley se encuentra bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina.
La querella, impulsada por el economista Claudio Lozano, los letrados Jonatán Baldiviezo y Marcos Zelaya, la ingeniera María Eva Koutsovitis, y respaldada por las organizaciones Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, fue radicada ante el juzgado federal número 12. Dicho tribunal, que actualmente se halla vacante, está siendo suplido temporalmente por el magistrado Julián Ercolini.
Los denunciantes afirman con contundencia que el presidente Milei habría pactado esta cesión de atribuciones con el exmandatario estadounidense Donald Trump, instruyendo posteriormente al ministro Caputo para que coordinara los pormenores de su implementación junto a Scott Bessent, un influyente operador financiero. Mientras tanto, el Banco Central, lejos de oponerse, habría permitido de manera activa que esta interferencia extranjiera se perpetuara.
Este hecho, calificado en los escritos como una violación flagrante a la soberanía del Estado Argentino, se habría materializado a través de la participación directa del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado cambiario local. Según se consigna, esta intromisión sin precedentes fue ejecutada por mandato de la Secretaría del Tesoro norteamericano mediante entidades financieras de peso global, como los bancos Santander, Citi y J.P. Morgan, las cuales realizaron adquisiciones masivas de pesos argentinos con el objetivo explícito de alterar la cotización del dólar.
La presentación subraya la extrema gravedad institucional de los sucesos, arguyendo que no existen antecedentes en la historia nacional, ni siquiera durante gobiernos de facto, de una cesión tan explícita de facultades soberanas a un poder foráneo. Se enfatiza que esta intervención distó de ser
