El máximo órgano de la casa de estudios ordenó al rector presentar una acción judicial para exigir el cumplimiento de la ley, que fue promulgada pero su aplicación se encuentra suspendida por decreto, en medio de una crítica situación presupuestaria y salarial.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires ha dispuesto que su rector, Ricardo Gelpi, inicie formalmente un reclamo ante la Justicia contra el gobierno del presidente Javier Milei. La medida busca compelir al Estado a dar plena vigencia a la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa sancionada por el Congreso que asigna mayores partidas presupuestarias para la educación superior pública. Tras ser vetada inicialmente por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por el Parlamento, la ley finalmente fue promulgada mediante un decreto que, sin embargo, suspendió su puesta en práctica de manera inmediata.
La casa de estudios sostiene que esta decisión gubernamental constituye una alteración del sistema republicano de división de poderes, consagrado en la Constitución Nacional. En un comunicado oficial, el Consejo Superior afirmó que el decreto que promulga formalmente la ley pero paraliza su ejecución material “quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”. Asimismo, la Universidad advirtió que la medida oficial “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos”, perjudicando de manera directa a toda la comunidad universitaria al impedir el acceso a los recursos financieros y a las mejoras salariales previstas en la legislación.
La situación ha llevado a la UBA a declarar la emergencia tanto en el ámbito salarial como presupuestario. La institución enfatizó su “profunda preocupación ante la grave situación” que atraviesan las universidades nacionales y el marcado deterioro en los ingresos de sus trabajadores, docentes y no docentes. La ley en cuestión fue concebida precisamente para garantizar la protección y el sostenimiento económico de las universidades en todo el territorio argentino, así como para lograr una recomposición salarial urgente del personal.
En un escenario de creciente conflicto, esta pulseada institucional parece destinada a ser resuelta por la Justicia. En paralelo a la acción que promoverá la UBA, ya se han presentado otras iniciativas legales. El reconocido constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en representación de los docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Pampa, ha promovido una acción colectiva para que se declare la inconstitucionalidad de la suspensión de la ley, la cual impide las mejoras salariales acordadas.
Asimismo, desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUBA) se radicó una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el presidente Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Los representantes gremiales manifestaron con firmeza que no permanecerán impasibles mientras se afectan los salarios y se pone en riesgo la integridad de todo el sistema de educación pública universitaria. La ley, sostienen, está hecha para cumplirse, y la universidad pública, para defenderse.
