Una acusación penal señala a Lilia Lemoine por encubrir fondos de origen ilícito y mantener nexos con un empresario ligado al narcotráfico durante la campaña de José Luis Espert. Su defensa tilda la denuncia de “mediática y sin pruebas”.
La diputada nacional Lilia Adela Bolukalo Lemoine, integrante del espacio político La Libertad Avanza, enfrenta una grave denuncia penal por el presunto delito de lavado de activos agravado y faltas contra la administración pública. La querella, presentada por Marcela Viviana Aguirre, sostiene que la legisladora mantuvo vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, señalado en causas vinculadas al tráfico de estupefacientes, durante el desarrollo de la campaña presidencial de José Luis Espert, donde Lemoine se desempeñó como colaboradora.
De acuerdo con la presentación judicial, la parlamentaria habría intervenido, de manera directa o indirecta, en operaciones destinadas a blanquear dinero de procedencia ilegítima, al tiempo que habría omitido su obligación de informar a la Justicia sobre posibles actividades delictivas. La documentación adjunta incluye notas periodísticas, material audiovisual y registros obtenidos de redes sociales que evidenciarían diversos encuentros entre Lemoine, Machado y otros referentes de la campaña electoral de Espert.
Entre los pedidos formulados por la denunciante se encuentran la solicitud de acceso a informes financieros, declaraciones juradas patrimoniales, datos sobre el financiamiento de campañas políticas y la activación de mecanismos de cooperación judicial internacional, especialmente con Estados Unidos, donde Machado es requerido por tráfico de drogas, lavado y fraude.
Frente a estas imputaciones, la defensa de la diputada, a cargo del letrado Hernán Seivane, desestimó los cargos y los calificó como “una maniobra mediática carente de respaldo jurídico”. En declaraciones concedidas a este medio, Seivane cuestionó la figura de Aguirre, a quien describió como “una denunciante serial, conocida por presentar casos con amplia repercusión en prensa pero sin sustento real”. El abogado adelantó que se presentarán en sede judicial y confió en que la causa será archivada por falta de mérito.
Respecto de los supuestos vínculos con Machado, el representante legal reconoció que Lemoine coincidió con el empresario en al menos un acto de campaña, aunque lo consideró un hecho circunstancial. “Ella lo vio en una reunión política, tal como cualquiera podría toparse con alguien cuestionado en un evento multitudinario”, explicó. Ese mismo argumento fue esgrimido con anterioridad por el propio José Luis Espert, quien actualmente es investigado por la Justicia.
Seivane recordó, además, que Lemoine fue una de las primeras voces en alertar públicamente sobre los lazos entre Espert y el narcotráfico, en un intento por distanciar a su defendida del caso. Aclaró que, durante la última campaña, la diputada brindó “apoyo pedagógico” al primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, aunque aclaró que “no lo militó de manera activa” y que su colaboración se limitó a una adhesión circunstancial, similar a la ofrecida por Javier Milei.
El abogado insistió en que la investigación que pesa sobre Espert se centra exclusivamente en un posible financiamiento ilegal de su campaña, y no en narcotráfico. “Eso no significa que Lemoine esté involucrada en delitos vinculados a drogas. Se está utilizando el tema del financiamiento electoral como excusa para fabricar titulares sensacionalistas”, afirmó.
El caso se enmarca en una pesquisa de mayor alcance que indaga los vínculos entre el excandidato presidencial y Federico Machado. En el centro de la escena se encuentra el presunto desembolso de 200.000 dólares a la campaña de Espert, montos que la defensa del líder liberal busca desvincular de cualquier conocimiento acerca de las actividades ilícitas atribuidas al empresario.
