Tras la designación de un canciller sin experiencia diplomática pero con extensa trayectoria en la banca de inversión, se alzan voces que cuestionan las verdaderas contrapartidas de un posible rescate financiero estadounidense, donde los recursos estratégicos nacionales parecen ser la moneda de cambio.
En el marco de una disputa global furibunda por el dominio de la tecnología, los semiconductores y las nuevas energías, el nombramiento de Pablo Quirno como canciller argentino ha encendido las alarmas. Su perfil, el de un economista ajeno a los círculos diplomáticos pero íntimamente ligado al fondo de inversiones JP Morgan, parece ofrecer una pista reveladora sobre las garantías exigidas a cambio de una potencial intervención del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Este escenario adquiere una dimensión concreta con la reciente publicación del diario The Wall Street Journal, la cual sugiere que el respaldo norteamericano al presidente Javier Milei se fundamenta en un interés estratégico por asegurarse nuevas fuentes de abastecimiento de uranio. Así, las reservas de este mineral en suelo argentino pasan a ocupar un lugar central en el tablero geopolítico. La justificación para esta ofensiva fue expuesta de manera clara por Jamie Dimon, máximo directivo de JP Morgan, quien a mediados de octubre alertó sobre la peligrosa dependencia de su país de proveedores “poco fiables” para minerales críticos esenciales para su seguridad nacional. Estas declaraciones, lejos de ser un análisis financiero aislado, fueron realizadas durante la presentación del “Security and Resiliency Initiative”, un ambicioso programa de la entidad bancaria que explicita una sintonía absoluta entre sus objetivos corporativos y los intereses hegemónicos de los Estados Unidos.
El concepto de “falta de confiabilidad” apunta, sin ambages, a naciones como China y Rusia, cuyas tensiones comerciales con Washington ya han demostrado la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. Frente a este panorama, Argentina, con una política de defensa de su interés nacional, posee una oportunidad inmejorable para insertarse en el concierto mundial, no solo como productor de alimentos, sino también debido a su vasta riqueza en litio para baterías y, crucialmente, a sus significativas reservas de uranio y su desarrollada capacidad nuclear. Sin embargo, la lógica impuesta por Washington y sus aliados financieros transforma esta ventaja en una condición exigente: para ser considerado “fiable”, un proveedor debe ceder el control sobre esos recursos estratégicos.
He aquí el núcleo del conflicto. Argentina es una nación soberana y democrática, donde un cambio de gobierno puede alterar el curso de las políticas de Estado. La pregunta que flota en el ambiente es qué tipo de cláusulas y medidas de presión está negociando la actual administración para que las concesiones hechas hoy sean consideradas irrevocables mañana. La estrategia norteamericana, en su afán por recuperar suministros estratégicos perdidos ante sus competidores, parece pasar por impedir el desarrollo local de industrias de valor agregado en la región, condenándola a un rol de mera proveedora de materias primas.
En esta visión, resulta inadmisible que Argentina posea y desarrolle una industria nuclear de vanguardia y competitiva a nivel internacional. La reciente decisión del gobierno de Milei de decretar la privatización de Nucleoléctrica Argentina S.A., la empresa estatal a cargo de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, se enmarca sospechosamente en este contexto. Un intento legislativo para declarar a la actividad nuclear de interés estratégico y bloquear su privatización fue frustrado por la inasistencia de legisladores oficialistas, en una maniobra que refleja la profunda sintonía entre el poder político y los designios financieros.
Este proceso de desmantelamiento ya está en marcha, evidenciado por el congelamiento del desarrollo del reactor CAREM-25, la paralización de obras, despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica y la fuga de talentos altamente capacitados. Demasiadas coincidencias para un área tan sensible. Para el JP Morgan, cualquier avance en materia nuclear está vinculado a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Si la empresa que eventualmente se quede con Nucleoléctrica fuera un apéndice de este grupo financiero, la energía atómica argentina quedaría al servicio de los intereses de una potencia extranjera.
La publicación en el influyente diario neoyorquino, la fastuosa visita de Jamie Dimon a Buenos Aires, la retirada de los legisladores, el decreto de privatización y la desesperada negociación financiera conforman un cóctel de alta peligrosidad para la República. La nación se encuentra inmersa en un trueque desventajoso, negociando con un gobierno que muchos acusan de tener una mentalidad colonial y con las finanzas públicas al borde del abismo. El futuro de sus recursos más valiosos pende de un hilo.
