El máximo tribunal rechazó un recurso de la fiscalía y consolidó la absolución del ex vicepresidente, poniendo fin a un extenso proceso judicial que incluyó condenas, revocatorias y un debate sobre los límites del poder punitivo del Estado.
En una decisión que sella un capítulo judicial de larga data, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado firme la absolución del ex ministro de Economía y ex vicepresidente Amado Boudou. La causa, centrada en una presunta falsedad ideológica en la transferencia de un automóvil Honda modelo 1992 en el año 2003, encuentra así su punto final tras un tortuoso derrotero legal.
La resolución del tribunal superior, suscripta por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. Con esta determinación, la Corte se negó a revisar el fallo absolutorio que había beneficiado al ex funcionario del gobierno kirchnerista, consolidando de manera definitiva su liberación respecto de estos cargos.
El historial de este caso es un claro ejemplo de las idas y vueltas de la justicia. Inicialmente, en 2017, el Tribunal Oral Federal 1 había dictado un sobreseimiento al considerar que los hechos se encontraban prescriptos. No obstante, la fiscalía logró revertir esa decisión, lo que derivó en un nuevo juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 8, el cual en 2019 condenó a Boudou a una pena de tres años de prisión.
El giro crucial se produjo cuando la Sala IV de la Cámara de Casación Penal revocó aquella condena. Con los votos de los jueces Carlos Mahiques y Ángela Ledesma, y con la disidencia de Javier Carbajo, el tribunal de alzada dispuso la absolución del ex vicepresidente. En su fundamentación, el juez Mahiques destacó la falta de sustento probatorio concreto para afirmar que Boudou había sido quien contactó a los gestores para realizar el trámite irregular. “Las pruebas aportadas no demuestran que haya sido Boudou quien los contactó, sino únicamente que mantuvo un encuentro con el primer gestor”, afirmó en su voto, subrayando la ausencia de un nexo probado con la persona que materializó la falsificación, Andrés Alberto Soto.
Por su parte, la jueza Ledesma introdujo una potente reflexión sobre el principio de legalidad y los derechos del imputado, cuestionando cuántas veces un ciudadano debe enfrentar la reactivación del poder represivo del Estado antes de alcanzar una solución definitiva que ponga fin a la situación de incertidumbre jurídica.
Ante esta absolución, el fiscal general Raúl Pleé insistió con una apelación, un último intento que ahora ha sido cerrado por la Corte Suprema. La decisión del máximo órgano judicial no solo exonera de manera irrevocable a Amado Boudou en esta causa específica, sino que también zanja un prolongado debate procesal, reafirmando los criterios de la instancia anterior y denegando la posibilidad de continuar con el litigio.
