La orden de aniquilar resonó desde el poder. Mientras la violencia estatal escala a niveles sin precedentes, el gobierno federal se enfrenta a la sombra de un discurso que normaliza la ejecución y pide la militarización del conflicto.
Desde Brasilia
Una consigna siniestra, aparentemente emanada desde las altas esferas del poder, parece haber dictado el destino de decenas de jóvenes en los cerros cariocas: la eliminación de quienes son señalados como terroristas. El saldo de esta directriz letal se materializó durante la madrugada del miércoles, cuando vecinos de la comunidad encontraron los cuerpos sin vida de más de sesenta personas en una espesura conocida como Mata da Vacaria. El lugar, un laberinto vegetal, había sido utilizado como ruta de escape por presuntos integrantes de la facción narcocriminal Comando Vermelho.
Raul Santiago, uno de los voluntarios que ayudó en el traslado de los cadáveres, dio testimonio de la horrorosa escena. Con la autoridad de quien ha vivido treinta y seis años en la favela y ha sido testigo de múltiples episodios de violencia, aseguró: «Nunca vi nada semejante a lo que estoy viendo hoy. Es brutal. Esto representa algo completamente nuevo».
Las circunstancias de las muertes apuntan a una práctica atroz. Según relatos de residentes recogidos de forma anónima, varios de los cuerpos presentaban impactos de bala en la nuca y evidencias de haber sido maniatados. Estos indicios sugieren que las víctimas fueron ejecutadas de manera sumaria, cuando ya se encontraban reducidas y sin capacidad de oponer resistencia.
La Plaza San Lucas, en el Complexo da Penha, se transformó en un sobrecogedor cementerio improvisado. Allí, los fallecidos fueron dispuestos uno junto al otro, cubiertos con mantas y lonas, en un velorio colectivo que congregó a una multitud vacilante entre el dolor y la rabia. Las imágenes de esta escena dantesca conmovieron primero a las cadenas locales y después dieron la vuelta al mundo, ofreciendo una cruda contraposición a la cobertura inicial que había presentado el «Megaoperativo Contención» –que involucró a dos mil quinientos policías– como una acción de seguridad.
Las cifras oficiales son elocuentes y escalofriantes. Mientras que el gobierno regional de Río de Janeiro, liderado por Claudio Castro, reportó un centenar de decesos, la Auditoría Pública elevó la cifra total a ciento treinta y dos fallecidos. Castro, ampliamente percibido como una figura al servicio de los intereses del expresidente Jair Bolsonaro, calificó el operativo –el más sangriento en la historia de estas comunidades– como «un éxito», limitando su lamento a la muerte de cuatro agentes policiales. Estas declaraciones fueron inmediatamente repudiadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos y por legisladores del Partido de los Trabajadores, quienes no dudaron en calificar los hechos como una «masacre».
Si bien la violencia estatal en estas comunidades humildes y predominantemente negras no es novedad, los sucesos de esta semana poseen características excepcionales. La ofensiva a cielo abierto desplegada el miércoles, con vehículos blindados y helicópteros artillados, estableció un triste récord histórico en número de víctimas fatales, superando incluso la masacre de la Prisión de Carandirú de 1992, un episodio fundacional en la violencia carcelaria brasileña que, irónicamente, catalyó el surgimiento de una de las principales organizaciones criminales del país.
Este estallido de violencia extrema coincide con la cristalización de un discurso bolsonarista centrado en el combate al «narcoterrorismo». El expresidente Bolsonaro, actualmente encarcelado, había abogado meses atrás por la designación de grupos como el Comando Vermelho bajo esta figura legal, en sintonía con recetas ideológicas importadas. Paralelamente, su partido impulsa en el Congreso reformas que buscan la participación de las Fuerzas Armadas en la represión.
Con Bolsonaro silenciado por una condena judicial, su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, ha asumido el rol de portavoz de la causa. Bien relacionado con los aparatos policiales y paramilitares de Río, Flavio no solo aplaudió la reciente masacre, sino que días antes había abogado de forma inquietante por una intervención militar estadounidense en la Bahía de Guanabara. Estas proclamas, lejos de ser meras provocaciones verbales, son interpretadas por muchos como advertencias cifradas y premonitorias de lo que se avecinaba.
Frente a esta crisis, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva interrumpió su agenda internacional para coordinar una respuesta desde el Palacio de Alvorada. Su gobierno instruyó al Ministerio de Derechos Humanos para que brinde apoyo a los familiares de las víctimas y ordenó a diversos organismos federales seguir de cerca las investigaciones. No obstante, la determinación más crucial fue la negativa a autorizar el envío de las Fuerzas Armadas a las favelas, una petición explícita de Flavio Bolsonaro y una velada sugerencia del gobernador Castro. Al rechazar esta militarización, el gobierno federal busca contener una estrategia alineada con el trumpismo y su visión hemisférica, que encuentra en la violencia y la represión extrema su principal instrumento de poder.
