El máximo tribunal rechazó, por cuestiones formales, los recursos de los querellantes y dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri. Una crónica detallada de la larga batalla legal que culminó con la impunidad del aparato de inteligencia estatal durante su gestión.
En una decisión que sella una de las aristas más sensibles de la justicia argentina, la Corte Suprema de Justicia confirmó el sobreseimiento definitivo del expresidente Mauricio Macri en la causa que investigaba el espionaje ilegal contra los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. El fallo, el primero del tribunal tras las elecciones generales, fue emitido sin analizar el fondo del asunto y se basó en un rechazo por defectos formales en los planteos de la querella.
La investigación judicial había establecido que la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI), bajo la órbita de Gustavo Arribas, allegado a Macri, realizó un seguimiento sistemático, recolectó información y tomó fotografías de los allegados de los submarinistas desde la desaparición de la nave en noviembre de 2017 hasta su hallazgo en el lecho oceánico. Estas actividades se centralizaron en la delegación Mar del Plata del organismo.
El largo derrotero judicial de este caso estuvo marcado por giros procesales y fuertes controversias. Inicialmente, el juez federal Martín Bava decidió procesar al exmandatario en diciembre de 2021, argumentando que la labor de los espías respondía a una estrategia para anticipar al Presidente los reclamos de las familias en un tema de repercusión mundial. No obstante, esta fue una de sus últimas determinaciones antes de que le fueran retiradas las causas vinculadas a espionaje, las cuales recayeron en el juzgado de Julián Ercolini.
Posteriormente, en julio de 2022, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires revocó dicho procesamiento. Los magistrados Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, incorporados al tribunal durante la administración de Cambiemos, fundamentaron su resolución en la premisa de que la AFI monitoreaba a los familiares al considerar que podían representar un riesgo para la seguridad del Presidente o la nación. Este criterio persistió a pesar de que la propia Cámara no pudo negar la existencia del espionaje, dada la documentación incautada por la interventora Cristina Caamaño y presentada ante la justicia.
La batalla legal escaló entonces a la instancia de la Cámara de Casación, donde se libró una puja por la integración del tribunal. Finalmente, la Sala II quedó compuesta por Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma. En noviembre de 2023, Yacobucci y Borinsky confirmaron el sobreseimiento de Macri, argumentando la potestad del Estado para controlar protestas sociales si existe algún riesgo para el Poder Ejecutivo. En un voto en disidencia, la jueza Ledesma advirtió que el fallo equivalía a otorgar vía libre a los servicios de inteligencia, una postura que fue compartida por el Centro de Estudios Legales y Sociales, que participó en la causa como «amicus curiae».
Tras este revés, los querellantes agotaron la vía de apelación ante la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal, tras mantener el expediente en su poder desde marzo del año pasado, resolvió el caso con celeridad muy distinta a la empleada en otras causas de alto impacto. En una resolución escueta, suscrita por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los recursos de la querella basándose en una formalidad, sin pronunciarse sobre la justificación o no del espionaje.
La abogada Valeria Carreras, representante de las familias, manifestó su amarga decepción: «El rechazo es por defectos formales. Ni siquiera esta conformación de la Corte se animó a convalidar que las tareas de inteligencia estaban justificadas en la peligrosidad de las madres, esposas y hermanas de los tripulantes». Ante el agotamiento de la vía nacional, Carreras anunció que continuarán el reclamo iniciado en julio de 2022 ante las Naciones Unidas.
La decisión de la Corte fue objeto de duras críticas por parte de diversos sectores. El diputado nacional Leopoldo Moreau, vicepresidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, calificó a los magistrados como «unos desfachatados» y subrayó: «El espionaje ilegal no solamente fue comprobado, sino que incluso hubo espías que lo confesaron ante la Comisión. Una prueba más del encubrimiento que practica el partido judicial».
Este episodio se inscribe en un patrón más amplio de cierre de las causas por espionaje durante la era macrista. Investigaciones paralelas, como la denominada «Súper Mario Bros», la de las «bases AMBA» o la «mesa judicial», encontraron similares obstáculos procesales y fueron archivadas o desestimadas bajo diversos argumentos, consolidando una percepción de impunidad para los máximos responsables del aparato de inteligencia de aquel período.
