El proyecto que pretendía desregular el mercado de suelo rural y eliminar topes a la compra de campos por parte de extranjeros naufragó nuevante en la Cámara alta. La contundente reivindicación patriótica de los jugadores de la selección nacional en el estadio de Wembley inclinó la balanza de los legisladores dudosos, mientras el peronismo tejía una paciente trama de desgaste para dejar al Gobierno sin los números necesarios. Patricia Bullrich, al borde de una nueva derrota parlamentaria, optó por la cautela y solicitó un cuarto intermedio que posterga el debate hasta el próximo 6 de agosto.
En un nuevo capítulo de la intrincada relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, el gobierno nacional sufrió un revés de magnitud al no poder concretar la ansiada reforma de la Ley de Tierras Rurales. Lo que debía ser una sesión clave para despejar el camino hacia la desregulación del mercado inmobiliario rural se transformó en un nuevo fiasco legislativo, el tercero consecutivo para una iniciativa que el oficialismo considera estratégica. La normativa original, sancionada en el año 2011, fue concebida como un escudo protector para limitar la venta del patrimonio territorial a inversores foráneos y preservar la soberanía sobre los recursos naturales, pero los esfuerzos por derogarla han chocado una y otra vez contra la resistencia del arco opositor.
El escenario político se tornó especialmente adverso para los intereses del oficialismo en las horas previas a la votación. Fuentes parlamentarias consultadas por este diario confiaron que el clima de opinión pública se vio notablemente influenciado por un hecho de alto impacto simbólico: la enérgica reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas realizada por los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol, inmediatamente después de la ajustada victoria frente a Inglaterra. Ese gesto de afirmación patriótica, que recorrió el planeta a través de las pantallas, terminó por inclinar la balanza definitiva entre aquellos senadores que aún mantenían dudas sobre si prestar o no su respaldo a la iniciativa oficialista. El contraste era evidente: mientras los deportistas enarbolaban la bandera nacional en suelo británico, el Congreso debía decidir si allanaba el camino para que capitales extranjeros adquirieran porciones significativas del territorio patrio sin restricciones.
El peronismo, en su rol de principal fuerza opositora, desplegó una intensa labor de hormiga en los pasillos de la Cámara alta para socavar los cimientos del proyecto. El interbloque liderado por José Mayans trabajó sin descanso para privar al Gobierno de los sufragios imprescindibles, centrando sus baterías especialmente en los artículos que, de ser aprobados, facilitarían la extranjerización del suelo nacional. La estrategia opositora resultó tan efectiva que, ante la inminencia del descalabro, la titular de la cartera de Seguridad y líder política del bloque libertario, Patricia Bullrich, decidió poner el freno de mano y solicitar un cuarto intermedio. La discusión quedó así postergada hasta el próximo 6 de agosto, una maniobra que, aunque evita el costo político inmediato de una derrota en el recinto, no hace más que evidenciar la fragilidad numérica del oficialismo en el Senado.
El camino hacia este nuevo tropiezo estuvo sembrado de marchas y contramarchas. Aparentemente envalentonada por haber conseguido la media sanción del proyecto en la Cámara de Diputados, Bullrich acordó con los aliados parlamentarios una serie de modificaciones sustanciales al texto original. Sin embargo, estas concesiones no fueron validadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ejerce una férrea custodia sobre la pureza ideológica de las reformas impulsadas por el Ejecutivo. La falta de sintonía fina entre el pragmatismo político de Bullrich y el rigor doctrinario del ministro terminó por empantanar las negociaciones, dejando al proyecto en un limbo del que no pudo salir. Las casi tres horas de sesión alcanzaron, sin embargo, para dar curso a una serie de pliegos judiciales menores, entre los que destacó la confirmación del camarista Víctor Pesino, el magistrado que precisamente dejó sin efecto la medida cautelar impulsada por la CGT que mantenía paralizada la reforma laboral del Gobierno, un guiño que muchos interpretaron como un pago de favores en el tablero del poder judicial.
La pátina de la experiencia para disimular los traspiés
El desembarco de Patricia Bullrich al frente de la estrategia parlamentaria del espacio libertario le ha otorgado al bloque oficialista una indudable pátina de experiencia y manejo de los tiempos políticos. Lejos quedaron aquellos días del verano de 2024, cuando el oficialismo se vio forzado a retirar la Ley Bases del recinto en medio de una sesión que se encaminaba al fracaso más estrepitoso. En esta ocasión, la exministra de Seguridad, con una elegancia que la experiencia le ha conferido, solicitó un cuarto intermedio para devolver el dictamen sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada a las comisiones respectivas. El objetivo declarado era evitar la sanción de una ley deshilachada, que no solo no serviría a los propósitos del Ejecutivo sino que además generaría un desgaste político innecesario. Se trató, en esencia, de un retiro estratégico para evitar una derrota en campo abierto, una suerte de «fracaso anunciado» pero administrado con oficio.
Este revés representa el tercer intento fallido consecutivo del Gobierno por modificar el régimen de tierras. El primero naufragó por una manifiesta falta de apoyos; el segundo quedó sepultado por la simultaneidad con el escándalo que involucró al vocero presidencial, Manuel Adorni; y el tercero, el de este jueves, sucumbió ante la ausencia de dos senadores clave en el bloque aliado, sumado a la persistente labor de convencimiento del peronismo, que logró captar los votos de figuras como la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Camau Espínola, quienes en el último momento decidieron inclinar su voluntad hacia la oposición.
Según pudo reconstruir este diario a partir de fuentes cercanas a la negociación, Bullrich decidió avanzar con la convocatoria a sesión aun siendo plenamente consciente de que los números eran extremadamente ajustados. La versión final del dictamen, que sufrió cerca de quince modificaciones con respecto al texto original, había circulado entre los legisladores el miércoles previo al trascendental partido de la Selección. Esta nueva redacción otorgaba a las provincias una mayor cuota de autonomía para avalar o rechazar la venta de tierras a extranjeros en sus respectivos territorios, una suerte de «régimen de habilitación» que había sido impulsado por la senadora salteña Flavia Royón y un sector del radicalismo. Si bien el oficialismo dejó trascender que estas modificaciones no fueron convalidadas por el ministro Sturzenegger, lo cierto es que otros factores de mayor peso conspiraron contra el proyecto. «El clima de opinión no ayudó a aquellos que tenían pensado votar a favor, y mucho menos a los que ya arrastraban dudas. Ver a los jugadores con la bandera de Malvinas al día siguiente, y saber que en el recinto se votaba a favor de lo que muchos consideran una entrega de territorio, era una carga política demasiado pesada», confesó un experimentado senador del interbloque opositor.
El corazón de la discordia: soberanía y recursos estratégicos
Del ambicioso paquete de medidas que el Ejecutivo pretendía imponer, que incluía la eliminación de las restricciones para que empresarios extranjeros compren tierras rurales sin límites de extensión, la habilitación de desalojos exprés, y el desmantelamiento de las protecciones sobre los territorios arrasados por incendios, el punto más álgido y el que mayor resistencia despertó fue sin dudas el referido a la venta del territorio nacional al capital foráneo. El bloque peronista concentró todos sus esfuerzos en hacer caer los apoyos precisamente sobre ese articulado, tejiendo una narrativa que vinculaba directamente la reforma con una amenaza a la soberanía nacional.
Semanas atrás, y como parte de una estrategia de visibilización del conflicto, el senador Eduardo «Wado» de Pedro había organizado una exhaustiva jornada de debate para analizar los riesgos y el impacto del proyecto gubernamental sobre la soberanía nacional y el control de los recursos estratégicos. Aquella convocatoria reunió a un arco diverso que incluyó a científicos, académicos, sindicalistas, militares en actividad y retiro, excombatientes de la guerra de Malvinas y referentes de la Iglesia católica. «El objetivo fue darle volumen político a una discusión que el Gobierno pretendía hacer pasar por debajo del radar», explicaron colaboradores cercanos al senador De Pedro.
En el marco de aquel encuentro, una de las voces más autorizadas y conmovedoras fue la de Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas y actual secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Alonso denunció con vehemencia que «está en riesgo la gobernanza del territorio» y alertó sobre la existencia de «un plan sistemático de entrega de la soberanía nacional». El CECIM, que no es ajeno a las acciones judiciales, ya había impugnado el primer intento del Gobierno de extranjerizar la tierra a través del mega DNU 70/23, el cual sigue vigente a pesar de las controversias. En marzo de 2024, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales vía decreto de necesidad y urgencia, elevando el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta que el máximo tribunal se expida, la ley original permanece vigente, a menos que el Congreso logre aprobar la nueva normativa, algo que por ahora parece un horizonte lejano.
Durante el extenso debate en el recinto, el senador José Mayans, jefe del bloque peronista, lanzó una frase que resonó con fuerza entre los presentes: «Nadie le entrega tanto el país a la embajada norteamericana como el gobierno libertario». Sus palabras no fueron una mera hipérbole. En efecto, la ley que el Gobierno intentaba aprobar este jueves buscaba eliminar los límites precisamente en aquellos territorios donde la tierra adquiere un valor estratégico incalculable. Se trata, por ejemplo, de departamentos enteros donde la extranjerización de la propiedad ya supera el cuarenta o incluso el cincuenta por ciento del total, como ocurre en las zonas cordilleranas. Allí es donde se concentran los recursos más codiciados del siglo XXI: el litio, el petróleo, los minerales críticos para la transición energética y los pasos bioceánicos que conectarán los océanos. Más allá de la eliminación del porcentaje por nacionalidad previsto en la ley vigente, los especialistas señalaron con preocupación que un artículo en particular estaba hecho a la medida de los Estados Unidos, el principal país de origen de los capitales extranjeros que ya poseen tierras rurales en la Argentina.
Números ajustados y un futuro incierto
Bullrich logró reunir el quórum reglamentario gracias al apoyo del oficialismo, el bloque del PRO y las bancadas de provincias como Neuquén, Salta y Misiones. No obstante, ese fue el límite de su éxito. Una vez más, se quedó a mitad de camino para avanzar con la aprobación integral del paquete de leyes. «Es un proyecto tan invotable que hace meses están estancados entre 33 y 34 votos, sin poder alcanzar el número mágico», sentenciaron desde el peronismo con un tono de satisfacción apenas disimulado. Tras la aprobación de los pliegos judiciales, que no generaron mayores controversias, Bullrich tomó la palabra y anunció formalmente el pedido de cuarto intermedio. La moción fue aprobada por 62 votos, aunque la propia funcionaria admitió en su alocución que aún les faltaban sufragios para asegurar la victoria.
En el interbloque Popular, que reúne a diversas fuerzas provinciales, se mostraron cautelosamente satisfechos por haber logrado frenar la media sanción de la ley. Sin embargo, los legisladores de este espacio son conscientes de que la pulseada no ha terminado. Creen firmemente que el Gobierno, en su afán por sumar voluntades, «abrirá la billetera» o aceptará los cambios que ellos proponen para destrabar la aprobación en el próximo intento de agosto. La incertidumbre, por lo tanto, permanece.
Más allá de las estrategias de corto plazo, lo que subyace a esta discusión es una profunda redefinición del rol del Estado en la administración de los recursos naturales. El discurso oficialista, centrado en la defensa irrestricta de la propiedad privada, oculta un objetivo de fondo: facilitar el ingreso del capital extranjero a gran escala sobre activos que son considerados estratégicos para el desarrollo nacional. La discusión, como bien señalaron los juristas y académicos presentes en el recinto, excede con creces el mero derecho de propiedad y atenta directamente contra la soberanía alimentaria, energética y territorial de la Nación.
La Ley de Tierras Rurales que el Gobierno actual busca modificar fue sancionada en un contexto histórico muy particular. En 2011, en medio de un debate global por el avance desmesurado de los grandes capitales sobre territorios ricos en recursos naturales tras la crisis financiera de 2008, la tierra se había convertido en un activo refugio de primer orden. Países como la Argentina comenzaron a discutir seriamente hasta dónde debía permitirse que su patrimonio territorial quedara en manos de no residentes. Uno de los antecedentes más emblemáticos que impulsó aquella norma ocurrió precisamente en la provincia de La Rioja. El senador riojano Fernando Rejal lo recordó con lujo de detalles durante la exposición del ministro Sturzenegger ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. En 2008, el Banco Nación remató el paraje conocido como Valle Hermoso y aproximadamente doscientas mil hectáreas quedaron en manos del rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn. La operación no implicaba únicamente la compra de campos de cultivo: también incluía un pueblo entero con sus habitantes, escuelas, una iglesia y una de las reservas de agua dulce más importantes de la provincia. Aquel escándalo, que movilizó a la opinión pública y a las autoridades locales, fue precisamente uno de los argumentos principales que terminó forjando la Ley de Tierras que hoy el gobierno libertario se empeña en dejar en el olvido, y cuya defensa, al menos por esta jornada, logró imponerse en el Senado.
