La falta de consenso con los bloques aliados obligó al Gobierno a postergar hasta agosto el tratamiento de un paquete de leyes clave, mientras el oficialismo se repliega y rediseña su estrategia parlamentaria, en medio de promesas presidenciales de reformas económicas de fondo que llegarían recién después del receso invernal.
En una jornada que se anticipaba como definitoria para los designios de la administración libertaria, el oficialismo sufrió un tropiezo inesperado pero significativo en el Senado de la Nación, al verse compelido a solicitar un cuarto intermedio en el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que pretendía instalar como estandarte de su cruzada contra la inseguridad jurídica y la ocupación ilegal de inmuebles. La decisión, adoptada tras constatar la ausencia de respaldo suficiente por parte de las fuerzas aliadas, implicó el corrimiento de la discusión hacia el próximo 6 de agosto, lo que de facto sumerge la actividad parlamentaria en ambas Cámaras en un compás de espera que se extenderá, como mínimo, hasta la finalización del receso invernal.
El revés en la Cámara alta no solo posterga un anhelo central del oficialismo, sino que también revela las fisuras internas dentro del arco de sostén legislativo, especialmente en torno a uno de los artículos más polémicos de la norma: el referido a la extranjerización de tierras. Este punto, que propicia la flexibilización de las restricciones vigentes para la compra de propiedades rurales por parte de inversores foráneos, generó un rechazo frontal en sectores del PRO y la Unión Cívica Radical, así como entre varios gobernadores provinciales que ven en esa desregulación una amenaza a la soberanía territorial y al desarrollo regional. La titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, admitió sin ambages que la falta de acuerdos sustanciales obligó a llamar a un cuarto intermedio, con el fin de destrabar las negociaciones y evitar una derrota en el recinto que hubiera significado un golpe de efecto devastador para la imagen del Gobierno.
Mientras tanto, en el otro extremo del Parlamento, la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, exhibe un panorama desolado en cuanto a su agenda inmediata. Luego de un período de intensa actividad que permitió dar media sanción a iniciativas como la reforma del régimen de Zonas Frías, la promoción de inversiones mediante el denominado «Super RIGI» para industrias del futuro, y la polémica «Ley Hojarasca», además de lograr la sanción definitiva del acuerdo de pago a los holdouts o fondos buitres, los diputados del espacio libertario se encuentran ahora a la espera de que el Senado les remita nuevos expedientes para mantener el ritmo legislativo. Sin embargo, esa expectativa se ha visto frustrada, y en la lista de proyectos que aguardan su turno en el Senado figuran, además de la inviolabilidad de la propiedad privada, otros temas de alta voltaje política, como la modificación de la ley de manejo del fuego, la eliminación de barreras para la enajenación de tierras a ciudadanos extranjeros, la revisión de la ley de expropiaciones, la reforma política que plantea la abolición de las elecciones primarias (PASO), los cambios en el etiquetado frontal de alimentos y la anunciada y controvertida nueva Ley General de Sociedades, que ha despertado inquietud en el ámbito internacional debido a su capítulo sobre las denominadas «sociedades automatizadas».
Ante este escenario de parálisis táctica, el propio presidente de la Nación, Javier Milei, irrumpió en la escena política la semana pasada con un anuncio que buscó recolocar el centro del debate en el terreno económico y financiero. El mandatario adelantó el envío al Congreso de un nutrido paquete de iniciativas orientadas a garantizar la estabilidad presupuestaria y monetaria, en un claro intento por retomar la iniciativa política y mostrar que el Ejecutivo no permanece ocioso ante la inactividad parlamentaria. Según confiaron fuentes oficiales a este medio, el próximo lunes podría ingresar a la Cámara baja el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, una norma que el Gobierno aspira a universalizar y volver más previsible, eliminando los topes de ingresos y patrimonio vigentes para permitir que un espectro más amplio de contribuyentes puedan blanquear sus ahorros no declarados.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió con vehemencia esta iniciativa al argumentar que los aproximadamente 170 mil millones de dólares que, según estimaciones del Banco Central, permanecen fuera del sistema financiero representan una «masa crítica» de recursos que podrían canalizarse hacia la inversión productiva y el financiamiento de infraestructura, en lugar de erosionarse por la inflación bajo los colchones. «Ese ahorro debería estar capitalizándose o transformándose en inversión», sentenció el funcionario, quien anticipó que el trabajo en comisiones recién comenzaría la semana siguiente al ingreso del proyecto, lo que posterga su tratamiento efectivo para después del receso.
Más allá de la cuestión fiscal, Milei también puso sobre la mesa su intención de reformar la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de reforzar su independencia y acotar su mandato a la única meta de preservar el valor de la moneda, despojándolo de otros objetivos como el empleo o el desarrollo económico con equidad social, que fueron incorporados durante la gestión kirchnerista en 2012. El punto neurálgico de esta modificación radica en la «prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto» de la entidad monetaria hacia el Tesoro, lo que implicaría el fin de los adelantos transitorios, una herramienta que históricamente utilizaron los sucesivos gobiernos para cubrir el déficit fiscal mediante emisión monetaria. No obstante, fuentes de La Libertad Avanza reconocieron que tanto esta reforma como el proyecto de «shutdown» o apagón estatal, al estilo estadounidense, quedarán para agosto, una vez que finalice el receso invernal.
Este último mecanismo, que el Presidente describió como una herramienta para limitar el gasto público y que implica la suspensión de actividades no esenciales cuando se agota el presupuesto, ha generado expectativas y también resquemores en diversos sectores. El modelo norteamericano, que Milei pretende emular, contempla el cierre temporal de oficinas, la interrupción de programas gubernamentales y la licencia forzosa de empleados públicos, mientras se preservan los servicios críticos como seguridad, justicia y atención de emergencias. Sin embargo, su implementación en el contexto argentino plantea interrogantes sobre su viabilidad jurídica y operativa, así como sobre el impacto social que podría acarrear.
De esta manera, el oficialismo se enfrenta a un escenario complejo, donde el tiempo legislativo se torna un adversario implacable y la falta de acuerdos en el Senado revela las dificultades para consolidar una mayoría estable que acompañe su programa de reformas. El cuarto intermedio en el tratamiento de la inviolabilidad de la propiedad privada no es un mero incidente técnico, sino un síntoma de las tensiones que atraviesan al arco político y de los límites que impone la dinámica federal a las aspiraciones transformadoras del Ejecutivo. Con el horizonte puesto en el 6 de agosto, el Gobierno deberá redoblar sus esfuerzos de negociación para evitar que su ambiciosa agenda naufrague en los vericuetos del Congreso, mientras la opinión pública observa con atención cómo se resuelve este nuevo capítulo de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
