Un minucioso relevamiento de estadísticas oficiales revela que, en el transcurso de los veintiséis meses posteriores al arribo de la actual administración, más de veintiocho mil unidades económicas han cesado su operatoria, lo que se traduce en la evaporación de casi trescientas cuarenta mil plazas laborales registradas. La contracción del mercado interno, la erosión del poder adquisitivo y la apertura a la competencia exterior configuran un escenario adverso que socava los cimientos del aparato productivo doméstico.
El mapa empresarial argentino experimenta una metamorfosis regresiva de proporciones alarmantes, cuyas huellas quedan plasmadas en los fríos números de los registros públicos. Cada amanecer, desde que el nuevo timonel asumió las riendas del Estado, el país asiste a la clausura definitiva de aproximadamente treinta establecimientos que otrora generaban sustento económico para numerosos hogares. Este goteo incesante, lejos de ser una anécdota estadística, configura una tendencia estructural que pone en jaque la supervivencia misma del entramado de pequeñas, medianas y grandes sociedades que tradicionalmente daban forma al universo laboral argentino.
Los guarismos, extraídos de las bases de datos oficiales y meticulosamente procesados por el Centro de Economía Política Argentina, pintan un cuadro de crudeza inobjetable. Entre los días finales de 2023 y los primeros meses de 2026, el registro de empleadores activos sufrió una merma de veintiocho mil doscientos sesenta y dos agentes, lo que en términos prácticos implica que el tejido económico perdió más de veintiocho mil nodos vitales en un lapso brevísimo. Paralelamente, la nómina de asalariados bajo relación de dependencia se desplomó en trescientas cuarenta y una mil trescientas noventa y seis posiciones, un éxodo masivo de trabajadores que abandonaron la formalidad para engrosar las filas de la precariedad o la inactividad. En la actualidad, el contingente de ocupados registrados en unidades productivas ronda los nueve millones y medio de almas, mientras que el parque de establecimientos que aún sostienen la bandera del empleo declarado ha quedado reducido a unos cuatrocientos ochenta y cuatro mil, una cifra que evidencia la fragilidad creciente del soporte estructural de la economía real.
Este fenómeno de desindustrialización y tercerización a la inversa no ocurre en el vacío, sino que es el reflejo de una confluencia de factores adversos que se retroalimentan en una espiral descendente. La retracción del consumo interno, motor histórico de la actividad comercial, se ha vuelto una constante ineludible: los hogares, con sus presupuestos acotados por la persistente inflación y la pérdida de poder de compra de los salarios, han restringido drásticamente sus erogaciones, lo que golpea de lleno los ingresos de los negocios minoristas y mayoristas. A este panorama sombrío se suma el agravamiento de las condiciones del mercado ocupacional, con una tasa de desempleo que tiende a ensancharse y una calidad del empleo que se deteriora, ya que muchos de los puestos que se crean son de carácter temporal o con remuneraciones muy por debajo de la canasta básica.
Otro elemento que incide con fuerza en este declive es la creciente penetración de bienes importados en la plaza local, favorecida por una política cambiaria y arancelaria que allanó el camino para la competencia externa. Muchas manufacturas nacionales, que ya arrastraban dificultades de competitividad estructural, se ven ahora acorraladas por productos foráneos de similares características pero con precios más agresivos, lo que las obliga a reducir su escala, a recortar personal o, en el peor de los casos, a cesar su actividad por completo. La combinación de estos tres vectores—consumo deprimido, empleo debilitado y embate importador—ha creado un cóctel letal para el entramado productivo autóctono, que pierde día a día su capacidad de sostener el entramado social que durante décadas fue su principal fortaleza.
Los especialistas consultados advierten que la magnitud de la sangría empresarial no tiene parangón en registros recientes, salvo quizás en los momentos más álgidos de la crisis de 2001 o la pandemia de 2020, aunque con una diferencia sustancial: mientras aquellas crisis fueron episódicas y seguidas de rebotes, la actual parece inscribirse en una tendencia de largo aliento que modifica la estructura misma del capitalismo nacional. La desaparición de casi treinta firmas por jornada implica que, en el transcurso de un mes, se esfuma un número de empleadores equivalente a la totalidad de los comercios de una ciudad mediana, y en un año, esa cifra se asemeja a la destrucción de todo el sector fabril de una provincia entera. Este proceso, además, tiene efectos multiplicadores negativos, ya que cada cierre arrastra consigo a proveedores, distribuidores y prestadores de servicios auxiliares, generando un efecto dominó que amplifica la recesión.
Frente a este panorama, las organizaciones gremiales y cámaras sectoriales han elevado sus voces de alerta, reclamando medidas de estímulo que frenen la hemorragia y permitan recomponer el andamiaje productivo. Sin embargo, las respuestas oficiales se han centrado hasta ahora en ajustes fiscales y desregulaciones que, según los críticos, no abordan el problema de fondo, sino que profundizan la vulnerabilidad de los actores más pequeños. El desafío que se abre para los próximos meses es mayúsculo, porque la reconstrucción del tejido empresarial no se logra con decretos ni con declaraciones, sino con políticas activas que fomenten la inversión, protejan el mercado interno y restauren la confianza de los inversores, tanto locales como foráneos. Mientras tanto, el reloj sigue marcando el paso de las treinta desapariciones diarias, y el país observa, a veces con estupor, a veces con resignación, cómo se desvanece una parte esencial de su identidad productiva y laboral.
