El círculo se cierra. Este viernes, la Procuración General recibirá un minucioso estudio sobre la evolución patrimonial del exfuncionario libertario, un documento que busca atar los cabos sueltos entre un salario de bolsillo y un tren de vida que incluye viajes en jet privado, hoteles cinco estrellas y una vertiginosa escalada en la compra de propiedades. Mientras la fiscalía espera este insumo para formular el pedido formal de justificación, las discrepancias entre las declaraciones juradas, los movimientos en criptomonedas y los gastos siderales tejen una trama que promete sacudir los cimientos del oficialismo.
El expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra a horas de cerrar su capítulo más técnico y, quizás, el más determinante para el futuro procesal del funcionario. Se espera que para el viernes próximo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI), un organismo especializado dependiente de la Procuración General de la Nación, entregue al fiscal Gerardo Pollicita un informe pormenorizado sobre el origen, la evolución y el destino de los fondos del exvocero presidencial. Este análisis, de carácter pericial, pondrá bajo la lupa cada peso y cada dólar que ingresó y egresó de las arcas del exfuncionario desde su desembarco en la administración pública bajo el ala de Javier Milei, con el objetivo de contrastar la coherencia entre sus ingresos declarados y el abrupto y ostensible incremento en su calidad de vida.
La entrega de este reporte marcará el fin de la primera etapa crucial de la instrucción. Una vez que el expediente supere el receso judicial invernal, el fiscal Pollicita dará paso al procedimiento que la jerga jurídica denomina «requerimiento de justificación patrimonial». Este pedido formal, que no es otra cosa que un emplazamiento para que el imputado explique en detalle cada una de las erogaciones y adquisiciones que no encuentran anclaje en sus ingresos lícitos, se convertirá en el eje de la acusación. En las últimas semanas, el representante del Ministerio Público ha trabajado en la elaboración de un documento extenso y detallado, aunque su culminación depende de los datos precisos que aporte el informe de la DAFI, organismo al que le encargó un análisis de siete puntos específicos que abarcan desde la reconstrucción de flujos de fondos hasta la comparación de las rectificaciones de las declaraciones juradas.
El fantasma de los dólares virtuales
Uno de los puntos nodales de la causa gira en torno a la justificación de un capital de aproximadamente medio millón de dólares. Consciente de que este monto requería una explicación, Adorni intentó anticiparse al escrutinio durante una entrevista televisiva, donde sostuvo que en 2014 había invertido 200.000 dólares en el mercado de criptomonedas, una operación que, según sus dichos, le reportó una ganancia de 300.000 dólares adicionales. En esa misma exposición, el exfuncionario justificó la no declaración de esos activos arguyendo que mantener «ahorros en negro» era una suerte de mecanismo de supervivencia frente a lo que él denominó la «vieja política», confesión que lo posiciona, al menos en el terreno fiscal, como un evasor confeso.
La estrategia defensiva de Adorni encontró un salvavidas en el régimen de inocencia fiscal impulsado por el propio gobierno libertario, una norma que, según sus críticos, fue confeccionada casi a la medida para blanquear fondos no declarados de funcionarios cercanos al poder. Sin embargo, los operadores judiciales son enfáticos en señalar que este beneficio fiscal, que lo exime de explicaciones ante el organismo de recaudación (ARCA), no posee efecto alguno en la órbita penal. De hecho, el fiscal Pollicita ya ha librado oficios a las plataformas de intercambio de criptomonedas Binance y Lemon, y las primeras informaciones que comenzaron a fluir indicarían que los movimientos registrados en estas billeteras virtuales no se condicen con la narrativa expuesta por el exfuncionario en los medios de comunicación, sembrando una brecha entre su discurso público y la evidencia documental.
Del silencio a la rectificación: un salto patrimonial de 25 a 944 millones
Otro aspecto que ha encendido las alarmas en la fiscalía es la conducta de Adorni frente a sus obligaciones de declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Inicialmente, el exjefe de Gabinete omitió consignar la tenencia de criptoactivos en sus presentaciones. No obstante, en un giro inesperado y coincidiendo con la presentación de su última declaración de bienes (correspondiente al ejercicio 2025), Adorni rectificó sus declaraciones anteriores, incluyendo la adquisición de tokens entre 2021 y 2023, y declarando su venta durante el año pasado por un monto cercano a los 400 millones de pesos.
Esta rectificación, sin embargo, lejos de aclarar el panorama, profundizó las sospechas. Una comparación exhaustiva entre lo que el funcionario declaró al inicio de su gestión y lo que presentó en su salida evidencia un salto patrimonial astronómico: de una base de 25,6 millones de pesos en bienes, depósitos y efectivo, su fortuna declarada se disparó a la abismal cifra de 944,5 millones de pesos. Pero el desfase no se limita a los números globales. El verdadero escollo para la defensa de Adorni reside en la imposibilidad matemática de sostener el tren de vida que él y su cónyuge, Bettina Angeletti, exhibieron públicamente, utilizando un sueldo que, hasta febrero de este año, no superaba los 3,5 millones de pesos mensuales y que, tras un incremento, alcanzó los siete millones. Una ecuación económica que, a simple vista, resulta inviable para financiar viajes internacionales, estadías en hoteles de superlujo y onerosas remodelaciones inmobiliarias.
El «deslome» neoyorquino y la catarata de viajes y gastos
El origen de la investigación se remonta a la difusión de una fotografía que inmortalizó a la pareja en un viaje a Nueva York en marzo pasado. En esa ocasión, Adorni viajó en el avión oficial hacia el destino, mientras que el regreso se efectuó en primera clase, con alojamiento en un hotel de cinco estrellas, una travesía que el exfuncionario calificó como un esfuerzo en el que se había «deslomado». Pero ese viaje fue apenas la punta del iceberg. Inmediatamente después, se supo que durante el fin de semana largo de Carnaval, el clan familiar había disfrutado de una escapada a Punta del Este en un jet privado, cuyo costo de 9.000 dólares (ida y vuelta) habría sido sufragado por el conductor televisivo Marcelo Grandio, un amigo íntimo de Adorni que, además, mantenía seis contratos con la TV Pública.
La vorágine de gastos no se detuvo allí. Contradiciendo sus propias declaraciones en conferencia de prensa, donde afirmaba que el viaje a Uruguay había sido el primero desde que asumió la gestión, se descubrió que entre fines de diciembre de 2024 y enero de 2025, Adorni había veraneado en Aruba, hospedándose en dos hoteles de lujo. Meses antes, había realizado una excursión familiar al mítico hotel Llao Llao, en Bariloche. Su esposa, por su parte, viajó a España con un grupo de amigas, y la familia realizó dos fines de semana en un complejo turístico «all inclusive» en Gualeguaychú. Cada uno de estos despliegues económicos ha sido meticulosamente anotado por la fiscalía, que los contrasta con la capacidad de ahorro de un funcionario público.
Operaciones inmobiliarias y el método de los empleados «garantes»
El apartado de bienes raíces tampoco escapa a la controversia. La investigación reveló la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por un valor de 230.000 dólares, de los cuales, según fuentes judiciales, Adorni habría desembolsado solo 30.000, dejando una deuda sin intereses a las jubiladas que le vendieron la propiedad. A esta operación se suman los 65.000 dólares en arreglos del inmueble. Pero la escalada continúa con la adquisición de una vivienda en el exclusivo country Indio Cuá, por 120.000 dólares, operación que el exfuncionario cubrió mediante un préstamo otorgado por dos mujeres policías, un dato que añade una arista más a la trama. Posteriormente, su contratista reveló que las remodelaciones de esta segunda propiedad ascendieron a la friolera de 245.000 dólares.
Los gastos menores, aunque significativos, también dibujan un patrón de conducta preocupante. La adquisición de ropa de cama y sommiers por 8 millones de pesos, así como la compra de un monitor gamer y proyectores por más de 5 millones de pesos, fueron pagados mediante un curioso método: Adorni solicitaba las tarjetas de crédito de sus propios empleados para efectuar los cargos y, posteriormente, les reintegraba el importe en efectivo. Una maniobra que, en el lenguaje de los investigadores, busca disimular el origen y el destino de los fondos, ocultando las huellas de un patrimonio que crece a un ritmo que sus ingresos oficiales no logran justificar. El análisis pericial que se conocerá este viernes buscará, precisamente, iluminar las sombras de esta compleja estructura financiera, integrando todas estas piezas en un solo rompecabezas.
