El Presidente llegó acompañado de su hermana Karina y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en un acto que se adelantó por respeto al Shabat. Bajo el lema «Hoy no podemos perder, la memoria», la comunidad reiteró su exigencia de esclarecimiento total, mientras el Gobierno refuerza su postura al declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán.
En la mañana del viernes, la intersección de Pasteur al 633, en el corazón del barrio porteño de Once, se convirtió en el epicentro del reclamo y la conmemoración. Frente a la sede reconstruida de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el presidente Javier Milei encabezó la comitiva oficial que participó del acto central en recordación del 32° aniversario del atentado más mortífero en la historia del país. La ceremonia, que tuvo lugar desde las 09:30 horas, reunió a autoridades gubernamentales, representantes de la comunidad judía y familiares de las víctimas, en un ambiente de profunda solemnidad que, sin embargo, no logró disipar la bronca acumulada por décadas de impunidad.
El mandatario, quien llegó acompañado de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, participó de un evento que tuvo una particularidad logística. Tradicionalmente fijado para el 18 de julio, fecha exacta en que un coche bomba pulverizó la fachada de la mutual judía en 1994, la conmemoración fue trasladada este año al viernes 17. Esta modificación, acordada entre las máximas autoridades de la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas, obedeció a un gesto de respeto hacia la celebración del Shabat, el día sagrado de descanso para la fe judía, lo que permitió una mayor participación de los fieles y deudos.
El momento de mayor carga emotiva se produjo puntualmente a las 09:53 horas, cuando el sonido de una sirena atravesó el silencio de la multitud, replicando el minuto exacto en que la explosión devastó el edificio hace tres décadas y media. Ese instante, que marcó el inicio formal de los discursos, sirvió como preludio a las voces que, una vez más, alzaron un pedido de justicia que resuena en el vacío. El lema elegido para esta jornada, “Hoy no podemos perder, la memoria”, no fue una consigna azarosa, sino un recordatorio contundente de que el paso del tiempo no mitiga el dolor de las 85 almas que perecieron aquel fatídico día, ni el de los más de 300 heridos que cargan con las secuelas físicas y psicológicas de la tragedia.
A lo largo de los 32 años que han transcurrido desde aquel atentado, la causa judicial ha transitado un sendero de desaciertos, sospechas de encubrimiento y falta de condenas efectivas. La ausencia de responsables tras las rejas sigue siendo la herida más profunda para los familiares, quienes vieron cómo el expediente se estancaba mientras la impunidad se institucionalizaba. No obstante, en un giro significativo que otorgó un nuevo marco al reclamo, el gobierno de Javier Milei reforzó su posición en la materia a finales del mes de marzo. En esa ocasión, la Oficina del Presidente oficializó la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) como una organización terrorista, inscribiéndola en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).
Esta decisión, comunicada a través de un pronunciamiento oficial, implicó una atribución directa de responsabilidad al régimen iraní por los dos ataques más cruentos sufridos por la comunidad judía en el país. La medida no solo se limitó a la masacre de la AMIA, sino que también abarcó el atentado previo contra la Embajada de Israel en Argentina, perpetrado en 1992, que dejó un saldo de 29 fallecidos y más de 200 lesionados. Ambos episodios, considerados gemelos en la historia del terrorismo internacional en Sudamérica, encuentran ahora un señalamiento explícito desde el Poder Ejecutivo, que busca presionar en el plano diplomático mientras la justicia local continúa su lucha contra la prescripción y la complejidad de las investigaciones.
La presencia del Presidente en el acto central, lejos de ser un mero formalismo protocolar, adquirió un tinte de reivindicación política ante una comunidad que históricamente ha sentido que sus demandas eran desoídas. La figura de Milei, rodeada por su núcleo duro de confianza, se entrelazó con la de los líderes comunitarios que, desde el estrado, clamaron por el fin de la opacidad que ha envuelto a la causa durante más de tres décadas. El discurso oficial, aunque centrado en la conmemoración y el duelo colectivo, dejó entrever la voluntad del actual Gobierno de diferenciarse de las gestiones anteriores mediante acciones concretas en el terreno internacional.
El barrio de Once, testigo mudo de la hecatombe que transformó su fisonomía urbana, volvió a ser el escenario de un acto que trasciende lo partidario para adentrarse en el terreno de la memoria histórica nacional. A medida que avanzaba la mañana, los oradores se sucedían en el podio, alternando la lectura de nombres de los fallecidos con encendidos llamamientos a la verdad. La seguridad, extremadamente reforzada en los alrededores, evidenciaba la vigencia de una amenaza latente que el país aún no termina de desterrar.
El eco de la sirena no solo marcó el inicio de la ceremonia, sino que se proyectó como un metrónomo de la urgencia. Los familiares, muchos de ellos con el rostro surcado por el tiempo y el dolor, volvieron a exponer sus carteles con fotos de sus seres queridos, insistiendo en que la memoria no es un ejercicio nostálgico, sino una herramienta de lucha activa. La decisión de adelantar el acto por motivos religiosos fue celebrada como un gesto de sensibilidad hacia las costumbres de la comunidad, aunque la sombra de la frustración judicial permaneció inmutable.
En este contexto, la figura de Patricia Bullrich, quien acompañó al Presidente desde el inicio de la jornada, añadió un componente de firmeza en materia de seguridad, siendo ella una de las principales impulsoras de la política antiterrorista dentro del gabinete. Su presencia, junto a la de Diego Santilli, ratificó el respaldo institucional a una causa que, más allá de los colores políticos, representa un capítulo oscuro que la sociedad argentina se niega a archivar.
La conmemoración de este 32° aniversario, por tanto, no fue un mero repaso de los hechos, sino una declaración de principios en un año electoralmente complejo. El Gobierno, al situar el reclamo de justicia en el centro de la escena y respaldarlo con medidas diplomáticas de alto calibre, busca capitalizar el descontento histórico con la justicia local, al tiempo que se solidariza con una comunidad que exige respuestas. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, el tiempo sigue corriendo en contra, y cada sirena que suena no solo evoca la explosión, sino la urgencia de que la verdad, por fin, prevalezca sobre el olvido y la complicidad.
