La administración de Milei impulsa una revisión integral de los convenios colectivos, generando un firme rechazo de los sindicatos que alertan sobre el desmantelamiento de derechos históricos.
En un giro significativo de su política económica, el Presidente Javier Milei confirmó su intención de llevar adelante una modificación sustancial del marco laboral nacional tras los resultados de las elecciones legislativas. El eje central de esta iniciativa reside en una renegociación completa de los convenios colectivos de trabajo, presentada como una herramienta indispensable para adaptar las normas contractuales a las exigencias productivas contemporáneas y fomentar la generación de puestos de trabajo registrados.
El mandatario argumentó que esta medida, que forma parte de los acuerdos establecidos con el Fondo Monetario Internacional, es crucial para dinamizar la contratación formal, especialmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Durante un acto en la empresa siderúrgica Sidersa, Milei hizo un llamado a las cámaras empresariales y a las organizaciones sindicales para que inicien un diálogo orientado a establecer nuevos acuerdos.
El blanco de la reforma son, precisamente, los convenios colectivos más antiguos, muchos de los cuales se mantienen vigentes desde 1975 y continúan regulando actividades esenciales como el comercio, la construcción, la banca, la sanidad y los medios de comunicación. Según la visión oficial, estas estructuras jurídicas no se condicen con la realidad del mercado de trabajo moderno.
Frente a este anuncio, la reacción del movimiento obrero fue inmediata y categórica. La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su más enérgico rechazo, tildando la propuesta de una ofensiva contra los derechos de los trabajadores y una clara estrategia de flexibilización. En un tono similar, el dirigente Jorge Taiana se refirió al Presidente como un “títere del FMI” durante una asamblea en la sede del sindicato.
Para respaldar su postura, la Asociación Gremial de Computación (AGC) dio a conocer un estudio de su Observatorio de la Industria Tecnológica que cuestiona los fundamentos del oficialismo. La investigación, que utiliza datos oficiales, demuestra que los empleados amparados por convenio colectivo perciben ingresos que superan entre un 80% y un 120% a los de sus pares no cubiertos por estas negociaciones. Según las cifras de junio, la mediana salarial en el sector informático con convenio alcanzaba los $2.429.410, una cifra muy por encima de los registrados en segmentos no regulados.
Ezequiel Tosco, secretario general del gremio, denunció que el verdadero objetivo del sector empresarial es la eliminación pura y simple de los sindicatos y los convenios. “Hablar de modernidad es un eufemismo. La antigüedad de un convenio no implica que no haya sido actualizado; es una trampa discursiva para justificar el vaciamiento de conquistas laborales”, afirmó en declaraciones a un medio nacional.
Uno de los aspectos que genera mayor controversia es la posible eliminación del régimen de indemnizaciones por despido, que sería reemplazado por un fondo de cese laboral. Los representantes gremiales advierten que, bajo la promesa de una mayor formalización, se esconde la intención de abaratarlos costos de desvinculación y debilitar el rol de los sindicatos.
En contrapartida, desde el sector empresarial se mostraron receptivos a modernizar la normativa, aunque con cautela. Tanto las grandes cámaras industriales como las pymes valoraron la posibilidad de contar con reglas más ágiles que mejoren la competitividad, aunque expresaron la necesidad de evitar cualquier paso hacia la precarización laboral. La Unión Industrial Argentina, en un comunicado, abogó por alcanzar un equilibrio que permita simplificar las normas sin comprometer la protección del trabajador.
