Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, y el poderoso gremio de La Bancaria alertaron sobre un escenario de conflicto si el Gobierno insiste con su proyecto de «modernización». Advierten que la iniciativa busca destruir salarios y eliminar derechos conquistados.
El escenario sindical se tensa de manera considerable frente a la posibilidad de que el Gobierno nacional envíe al Congreso su anunciada reforma laboral. La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de una de sus figuras más influyentes, Gerardo Martínez, dejó trascender este domingo que la central obrera se encuentra preparada para desplegar movilizaciones y acciones contundentes si avanza lo que calificó como una iniciativa regresiva contra los trabajadores.
Martínez, quien también es secretario general del sindicato de la construcción, sostuvo que la CGT privilegia el diálogo y la gestión por encima de la confrontación. No obstante, subrayó que la absoluta falta de conversaciones efectivas por parte del Ejecutivo respecto a la flexibilización en discusión parece conducir inevitablemente a un cierre de las puertas de la paz social. “No queremos ir al conflicto, pero si se nos cierran todas las puertas y no nos dan garantías vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos en la defensa de nuestro derecho”, declaró el dirigente con firmeza.
Horas después de esta advertencia, el sindicato de La Bancaria se sumó al rechazo a través de un comunicado oficial. La entidad que conduce Sergio Palazzo expresó de manera enérgica su oposición a cualquier modificación legal que implique una pérdida de derechos para los asalariados y afirmó, sin ambages, que el proyecto libertario tiene como objetivo central la destrucción del salario.
El referente de la UOCRA también realizó fuertes cuestionamientos a los fundamentos de la propuesta oficialista, apuntando sus dardos hacia funcionarios que, a su juicio, carecen de experiencia concreta en materia laboral. En declaraciones radiales, mencionó explícitamente a Federico Sturzenegger, uno de los principales arquitectos de las reformas. “Lo que salen a plantear no saben lo que es pagar un salario, lo que es discutir un convenio colectivo de trabajo. Respeto su capacidad intelectual, vendrán de las mejores universidades, pero no entienden lo que significa la modalidad laboral en la Argentina”, aseveró, poniendo en tela de juicio conceptos como el de “salarios dinámicos”.
Desde La Bancaria, el mensaje fue igualmente contundente. En un plenario de delegados, el gremio bancario ratificó su defensa irrestricta de la Banca Pública, a la que consideró un pilar fundamental del desarrollo nacional, y manifestó su intención de resistir lo que denominó “la voracidad privatizadora del poder económico”.
La preocupación de los sectores gremiales se centra en puntos específicos que contendría la reforma, como la implementación de bancos de horas, la habilitación de convenios colectivos por empresa —lo que debilitaría la negociación por actividad— y modificaciones en el régimen de horas extras. Martínez contextualizó estas posibles medidas en un panorama económico alarmante, marcado por una profunda recesión, la quiebra de miles de empresas y una caída drástica del consumo.
En sintonía con esta visión, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada aseguró que el contexto actual de destrucción de empleo es el menos indicado para tratar una reforma de esta naturaleza. El especialista en derecho laboral alertó, además, que estas iniciativas no resuelven los problemas estructurales de la Argentina, sino que buscan incrementar los beneficios empresariales a expensas de los derechos de los trabajadores. Tomada profundizó su crítica al afirmar que la propuesta podría terminar formalizando la informalidad, haciendo legales situaciones que antes eran consideradas un fraude laboral, lo que en la práctica aumentaría la precarización en un país donde casi la mitad de la fuerza laboral ya se encuentra en la informalidad.
