El Ministerio de Economía oficializó el inicio del proceso para vender hasta un 49% de Nucleoeléctrica Argentina. La Nación retendrá el control mayoritario y la facultad de veto sobre las decisiones estratégicas del sector.
El Gobierno nacional puso en marcha este jueves la transformación de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la compañía estatal a cargo de las centrales atómicas del país, mediante un proceso de incorporación de capitales particulares. La medida, que había sido anticipada meses atrás, se concretó a través de la Resolución 1751/2025, publicada en el Boletín Oficial con la rúbrica del ministro de Economía, Luis Caputo.
Esta decisión se enmarca en los lineamientos establecidos por la Ley de Bases, que designó a la operadora nuclear como una empresa sujeta a un proceso de privatización parcial. La iniciativa responde a los objetivos delineados por el Plan Nuclear Argentino, el cual busca fomentar la inyección de recursos privados para el desarrollo del sector energético nacional, tal como fue explicado en su momento desde la Casa Rosada.
El mecanismo establecido para la transición dispone la oferta pública de una porción significativa del paquete accionario. Un cuarenta y cuatro por ciento de las acciones de NASA serán licitadas tanto en el ámbito local como internacional. De forma paralela, se ha destinado un cinco por ciento del capital para un Programa de Propiedad Participada, una iniciativa que permitirá a los empleados de la empresa convertirse en accionistas.
El Estado se Reserva el Control Estratégico
Contrariamente, la mayoría accionaria, equivalente a un cincuenta y uno por ciento del total, permanecerá en poder del Estado Nacional. Este control se ejercerá a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica. La normativa vigente no solo garantiza esta mayoría, sino que también asegura que el Gobierno conservará el poder de veto sobre las determinaciones fundamentales para el futuro del parque nuclear. Esto incluye la expansión de una planta existente, la construcción de una nueva instalación, la decisión de retirar del servicio a un reactor o la autorización para el ingreso de un inversor que pudiera adquirir una posición de control.
Como etapa preliminar indispensable, la resolución ministerial ordena la realización de una valuación formal del paquete accionario de Nucleoeléctrica, tarea que será encomendada a un banco público de alcance nacional. El Ministerio de Economía tiene un plazo máximo de doce meses para dejar constituido y lanzar oficialmente el proceso de licitación.
De este modo, el Ejecutivo deja constancia expresa de que, si bien se abre la puerta a la participación privada, la rectoría última del plan nuclear continuará en manos del Estado. Ningún actor privado, independientemente de la magnitud de su inversión, tendrá la potestad unilateral para desmantelar una central, obstaculizar una ampliación o impulsar la creación de una nueva unidad de generación.
