La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó una presentación judicial contra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, tras sus afirmaciones en un medio televisivo. La cartera que conduce lo acusa de atentar contra el orden constitucional, mientras el sindicato responde que es una maniobra para acallar la disidencia.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra quienes se manifiestan críticos hacia el gobierno del presidente Javier Milei. En esta oportunidad, la ahora senadora electa ha instruido una denuncia penal en contra del máximo referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, tras las declaraciones realizadas por el dirigente en una entrevista televisiva.
Según fuentes oficiales, Bullrich encomendó al letrado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, la tarea de presentar una acusación formal ante la Justicia. La misma se fundamenta en la supuesta comisión de un delito de “amenaza pública e idónea” y en la imputación de “impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales” del primer mandatario. La ministra considera que las palabras de Aguiar —quien afirmó que su labor y la de su organización “es provocar la crisis de este gobierno”— representan un ataque directo a la estabilidad institucional.
Desde el sindicato, la reacción no se hizo esperar. Rodolfo Aguiar salió al cruce de las imputaciones y sostuvo que es el propio gobierno el que vulnera a diario los principios constitucionales. En declaraciones a la prensa, el gremialista afirmó: “A Bullrich no le alcanza con la Policía, las armas, los palos y los gases lacrimógenos; ahora también necesita de la Justicia para perseguir a quienes piensan distinto”.
Aguiar también destacó lo que calificó como una “doble vara” a la hora de evaluar las expresiones públicas. “El Presidente ha dicho que va a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa puede existir?”, cuestionó. Además, tildó de “enfermizo y temerario” el proceder de la ministra y aseguró que detrás de esta acción se esconde un claro intento por disciplinar y silenciar las voces de protesta.
La presentación judicial impulsada por Bullrich ha generado un intenso debate en el ámbito político y social. Distintos sectores opositores interpretan la medida como un intento de imponer lo que han dado en llamar un “bozal mediático” a los referentes sindicales, restringiendo de manera indirecta la libertad de expresión.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad insiste en que se trata exclusivamente de una respuesta legal frente a declaraciones que considera incitan a la desestabilización del orden democrático. La controversia expone, una vez más, la profunda grieta que recorre la escena nacional en torno a los límites de la protesta, la libertad de expresión y el uso de las herramientas judiciales en el marco de la disputa política.
