Una comisión de la Cámara de Diputados concluyó que el Presidente habría violado la ley de ética pública al impulsar el proyecto $Libra. El documento será elevado a la Justicia y sugiere la apertura de un juicio político.
La comisión investigadora de $Libra de la Cámara de Diputados hizo público su informe definitivo, en el que se sostiene que el Presidente Javier Milei habría incurrido en mal desempeño durante el ejercicio de sus funciones en relación con la promoción de un esquema financiero considerado fraudulento. El documento, al que este diario pudo acceder, insta al Congreso a evaluar si corresponde avanzar con un juicio político contra el mandatario.
El equipo parlamentario desestimó la versión difundida por el oficialismo que indicaba que el líder de La Libertad Avanza desconocía los detalles de la iniciativa. Por el contrario, el texto afirma que existen fundamentos sólidos para considerar que se violó la Ley de Ética en la Función Pública, al promover Milei un emprendimiento privado que contradice las obligaciones propias de su cargo. Asimismo, se menciona la utilización de su investidura para beneficio de intereses particulares.
Además de elevar lo actuado a la Justicia, la Comisión formalizó denuncias penales contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la ex jefa de gabinete de esa cartera, María Florencia Zicavo; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el responsable de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva; y el jefe de la Unidad Fiscal de Investigación, Paul Starc. Se los acusa de posible incumplimiento de los deberes de funcionario público, bajo el argumento de que obstaculizaron las facultades constitucionales del Poder Legislativo.
Juan Marino, diputado de Unión por la Patria y secretario de la comisión, subrayó el daño continuo que este caso genera en la credibilidad internacional de la Argentina. En ese sentido, recordó el fallo de la jueza estadounidense Jennifer Rochon, que señaló que los potenciales beneficiarios de los fondos recaudados mediante $Libra podrían ser el propio Javier Milei y su hermana, Karina Milei.
El informe también recoge las declaraciones del ex jefe de gabinete Guillermo Francos, quien afirmó que el Presidente habría actuado sin consultar a ningún organismo técnico o jurídico del Estado, omitiendo la diligencia debida y soslayando los procedimientos de control institucional. Esta misma falta de supervisión, según se apunta, se reprodujo en la operación con la moneda digital KIP en diciembre de 2024, lo que permite inferir un patrón de conducta orientado a eludir los mecanismos formales de vigilancia estatal.
Mediante el análisis técnico de la cadena de bloques, se detectaron transferencias de fondos entre los promotores del Tech Forum —Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, el empresario Hayden Davis y el ex asesor de la CNV Sergio Morales—, lo que confirmaría la existencia de vínculos económicos directos y un presunto acuerdo para monetizar la imagen presidencial.
Durante la sesión, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz calificó a la comisión como “un circo montado con intención política” y señaló que la oposición no alcanzaba la mayoría necesaria para validar sus conclusiones. Frente a esto, la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, aclaró que lo expresado por Mayoraz carecía de validez en términos de dictamen final.
Finalmente, el informe subraya la falta de cooperación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, a pesar de tratarse de una atribución constitucional del Congreso. Se menciona especialmente la negativa del fiscal Taiano a permitir el acceso al expediente, hecho calificado como “grave” por el legislador Fernando Carbajal. Como consecuencia, se solicitó la apertura de un jurado de enjuiciamiento contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y contra el propio Taiano.
