Mediante un nuevo decreto, la administración de Javier Milei revierte la decisión de transferir el servicio público de contenidos audiovisuales al sector privado, tras considerar “desaconsejable” su traspaso. La medida pone fin a un proceso iniciado meses atrás con el argumento de reducir el gasto estatal.
En un sorpresivo cambio de rumbo, el Gobierno nacional decidió frenar el proceso de privatización de CINE.AR, la principal plataforma pública de cine y contenidos audiovisuales argentinos. La determinación quedó formalizada a través del Decreto 821/2025, publicado en la madrugada de este miércoles en el Boletín Oficial, revirtiendo así lo dispuesto tan solo tres meses atrás, cuando se promovía con énfasis la transferencia de este servicio al ámbito privado.
La iniciativa, que había sido presentada como un avance hacia la “liberación del Estado de gastos operativos y salariales”, quedó sin efecto luego de que el actual interventor del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) emitiera un informe en el que desaconsejaba la medida. De este modo, las plataformas CINE.AR, CINE.AR Play y CINE.AR Estrenos permanecerán bajo la órbita del organismo cinematográfico.
Creada en 2015, CINE.AR se ha consolidado como un espacio de acceso gratuito a producciones nacionales, contando con más de dos millones de usuarios registrados tanto en Argentina como en otros países. Su posible traspaso a la empresa Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal (CAI S.A.U.) había sido anunciado con bombos y platillos a principios de agosto por las autoridades del INCAA, que entonces destacaban un supuesto ahorro anual de 330 mil dólares para las arcas públicas.
Aquel anuncio, difundido activamente en redes sociales, sostenía que la privatización permitiría “liberar al Estado del gasto en salarios y operación”, en línea con el discurso oficial de ajuste y eficiencia económica. Sin embargo, el reciente dictamen del interventor, fechado el 16 de octubre, modificó esa perspectiva y allanó el camino para la continuidad de la plataforma en el ámbito público.
El intento inicial de traspaso se había fundamentado en el Decreto 194/2025, emitido en marzo pasado, que buscaba “ordenar y equilibrar las cuentas públicas” y “centralizar la explotación de las señales” bajo una misma estructura. En aquel entonces, el argumento giraba en torno a la necesidad de racionalizar la gestión y optimizar los recursos en el sector audiovisual.
No obstante, la reestructuración interna que vivió el Gobierno en las últimas semanas, con el traspaso de Manuel Adorni de la Secretaría de Comunicación a la Jefatura de Gabinete y la posterior disolución de dicha secretaría, parece haber influido en la reevaluación de la privatización. El cambio de postura refleja un ajuste en la política de reformas del oficialismo, al menos en lo que respecta a los servicios culturales de acceso público.
Con esta reversión, CINE.AR mantendrá su carácter público y continuará ofreciendo cine, series y documentales argentinos de manera libre y gratuita, en lo que representa un respiro para el sector cultural y para los millones de usuarios que dependen de esta ventana de difusión nacional.
