Un organismo de las Naciones Unidas alertó sobre las condiciones carcelarias y el uso de la fuerza en protestas, pero la administración nacional lo tachó de estar influenciado por grupos kirchneristas y omitir los excesos del gobierno anterior.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió este viernes un informe crítico sobre la situación de los detenidos en comisarías y prisiones de Argentina, además de cuestionar el desempeño de las fuerzas de seguridad en contextos de movilizaciones sociales. Sin embargo, el Gobierno nacional manifestó un firme rechazo hacia el documento, argumentando que excluye graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la gestión de Alberto Fernández.
Según el Ministerio de Seguridad, el texto está «abiertamente influido por agrupaciones militantes y organizaciones de orientación kirchnerista», lo que, a su juicio, le confiere un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad requerida por los mecanismos internacionales de derechos humanos.
El documento del Comité internacional expresa una seria preocupación por las condiciones de privación de la libertad, especialmente en comisarías que no están diseñadas para encarcelamientos prolongados. Describe celdas sin ventilación adecuada ni acceso a luz natural, instalaciones sanitarias precarias, provisión insuficiente de agua potable y alimentos, y ausencia de espacios al aire libre para los internos. Asimismo, se observaron demoras significativas en la atención médica de las personas detenidas.
Ante este panorama, el organismo instó al Estado a poner fin al uso prolongado de dependencias policiales como lugares de reclusión y a garantizar un trato digno para quienes permanecen bajo custodia en dichas instalaciones.
En cuanto a las manifestaciones públicas, la ONU cuestionó el uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias de seguridad. Señaló que se han debilitado las disposiciones que obligan a los agentes a identificarse durante los operativos y que se ha ampliado la discreción para emplear armas de fuego ante la mera sospecha. También se refirió a los nuevos reglamentos sobre armamento no letal, indicando que no delimitan con precisión las situaciones en las que puede utilizarse.
Como ejemplo, los expertos mencionaron las protestas de marzo de este año, en las que el fotorreportero Pablo Grillo resultó gravemente herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por Gendarmería, hecho que tiene al cabo Héctor Guerrero sometido a proceso judicial. También se aludió a denuncias por uso indiscriminado de balas de goma, gases, camiones hidrantes y agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos.
Frente a estas observaciones, el Ministerio de Seguridad respondió que el informe ataca de manera infundada las políticas oficiales destinadas a garantizar un espacio público libre de violencia y a fortalecer el apoyo a las provincias en su combate contra el delito. Aseguró que el documento carece de equilibrio, omite aspectos centrales de la realidad reciente y se aparta de su mandato técnico.
El Comité contra la Tortura basó sus observaciones en información proporcionada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, así como en reuniones confidenciales mantenidas entre ambos organismos. Desde el ente local se subrayó que el informe internacional deja en evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas urgentes para alinear las condiciones de detención con los estándares globales.
El Gobierno, no obstante, acusó al Comité de la ONU de elaborar un texto que ensalza selectivamente al gobierno anterior y omite deliberadamente episodios críticos como las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Formosa durante la pandemia, la muerte de Magalí Morales bajo custodia policial, los excesos registrados durante la cuarentena extendida y el escándalo del Vacunatorio VIP.
Además, el Comité internacional manifestó inquietud por el aumento de denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y comisarías desde 2024, incluyendo relatos de torturas, golpes, amenazas, humillaciones y prácticas de iniciación violentas. Citó el caso de la prisión de Piñero, en Santa Fe, donde se habrían realizado simulacros de ahogamiento, aplicado descargas eléctricas y cometido abusos sexuales.
También se refirió a la sobrepoblación carcelaria y a las condiciones materiales inadecuadas en las cárceles del país, y advirtió que la transferencia del Servicio Penitenciario Federal al Ministerio de Seguridad podría tener un impacto negativo en la gestión penitenciaria.
Finalmente, la ONU exhortó al Gobierno a tomar las medidas necesarias para prevenir y erradicar las detenciones masivas, el hostigamiento, el trato discriminatorio y los actos de violencia desproporcionados por parte de las fuerzas de seguridad en operativos de arresto en la vía pública. También mencionó los abusos atribuidos a las patrullas municipales en la provincia de Buenos Aires, instando a regular su actuación.
En respuesta, el Gobierno nacional consideró llamativo que el documento cuestione a las patrullas municipales del Conurbano, que —según su visión— operan para compensar la desprotección en la que vive la población, y señaló que el Comité ignora la responsabilidad de las jurisdicciones provinciales en la gestión policial y penitenciaria.
