Mediante un decreto de necesidad y urgencia, la administración nacional redistribuye recursos con el objetivo de atender obligaciones salariales, previsionales y asistenciales en un contexto de emergencia económica. La medida, la primera con Manuel Adorni como jefe de Gabinete, alcanza a salud, educación, discapacidad y ANSES.
En un contexto marcado por la emergencia económica, el Gobierno nacional decidió ampliar el Presupuesto vigente para el año 2025 mediante un decreto de necesidad y urgencia, con el fin de destinar recursos adicionales a sectores considerados prioritarios. La norma, oficializada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 849/2025, representa la primera iniciativa de esta naturaleza gestionada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El decreto fundamenta la medida en la necesidad de “asegurar una distribución razonable de los recursos” para el cumplimiento de las obligaciones del Estado. El texto argumenta que resulta indispensable adecuar las previsiones financieras del ejercicio en curso para asignar fondos extraordinarios a áreas concretas que demandan atención inmediata.
La ampliación presupuestaria permitirá reforzar de manera significativa las partidas destinadas a gastos en personal, funcionamiento y equipamiento, así como los créditos para el pago de subsidios, becas y transferencias a diversas jurisdicciones y entidades de la administración pública. Entre los aspectos más destacados, se encuentra un incremento salarial para los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y una mejora en las cajas de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales.
El sector de la salud recibirá un aporte sustancial para sostener programas del Ministerio y el funcionamiento de hospitales nacionales de alta complejidad, entre los que se mencionan el Garrahan, El Cruce, el René Favaloro y el SAMIC Presidente Néstor Kirchner. Asimismo, se fortalecerán las partidas para el pago de pensiones no contributivas a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que también serán complementadas con un subsidio extraordinario canalizado a través de la ANSES.
En el ámbito educativo, se destinarán fondos adicionales para mejorar los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de financiar la adquisición de computadoras, el programa de Becas Progresar, los comedores escolares y la extensión de la jornada educativa en diversas instituciones.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano incrementará los recursos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para robustecer la Prestación Alimentar. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en tanto, recibirá mayores asignaciones para programas de empleo como “Volver al Trabajo” y “Fomentar”, así como para las prestaciones por desempleo.
La ANSES también verá ampliada su capacidad financiera para hacer frente a las actualizaciones previsionales por movilidad, las asignaciones familiares, el Programa 1000 Días, las transferencias al PAMI y la Prestación Mensual de Oncopediatría.
En materia de deuda pública y obligaciones del Tesoro, el decreto autoriza ajustes presupuestarios para cubrir los servicios de la deuda del año y financiar a diversos organismos y empresas públicas, como Radio y Televisión Argentina, la Casa de Moneda, YCRT y Belgrano Cargas.
Finalmente, la norma faculta al Ministerio de Economía a modificar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero, con el objetivo de redefinir el esquema de financiamiento de las obras de transporte de gas. También se prevén reasignaciones derivadas de cambios en la naturaleza jurídica de ciertos organismos durante el presente año.
La medida refleja un esfuerzo del Ejecutivo por reorientar el gasto público hacia rubros sociales y de seguridad, en medio de un escenario económico complejo que exige, según los considerandos del decreto, una redistribución ágil y efectiva de los recursos disponibles.
